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El Gobierno impulsa el juicio político a la Corte durante la extraordinarias

El tema fue incluido en el temario que se envió al Congreso.

El Poder Ejecutivo confirmó la inclusión en el temario de la convocatoria a sesiones Extraordinarias del Congreso el pedido para someter a juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Además se anunció que enviará otras iniciativas sobre reformas al sistema judicial, como un proyecto para ampliar el número de integrantes del máximo tribunal, la modificación de la Ley del Consejo de la Magistratura y otra para modificar el acuerdo designar al Procurador General de la Nación.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, confirmó la convocatoria del Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias, que regirá desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero próximos.

En ese lapso se buscará tratar 27 proyectos de ley, entre los que también figuran iniciativas sobrr la promoción científica y tecnológica, la creación de universidades nacionales y con el régimen previsional.

Las causas

De esta manera, el presidente Alberto Fernández pretende darle celeridad al trámite de juicio político que alcanzará a Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal, y a los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a quienes se acusa de incurrir en mal desempeño y parcialidad.

“Nos parece que el temario es lo suficientemente importante y extenso como para que la oposición entienda que, en el libre juego democrático y en el libre juego de las instituciones, hay que sentarse a debatir en el Congreso que es el lugar de los acuerdos, de los consensos y de los debates”, dijo Cerrutti.

El proceso de remoción de los supremos abordará dos cuestiones: la primera es la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26.080 que rigió el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante 16 años y que la Corte derogó de hecho.

La otra cuestión es el análisis de medida cautelar que restituyó fondos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

El conflicto

Para el Gobierno, con el fallo sobre el Consejo de la Magistratura el máximo tribunal “violó la división poderes” al tratarse de un tema “que debe resolverse en el Congreso de la Nación o en el Poder Ejecutivo, porque es algo que involucra a todas las provincias”, según evaluó la propia Cerruti días atrás.

Y sobre el fallo que benefició al distrito porteño, el jefe de Estado subrayó que su deber era “promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica”.

Fernández basó su planteo a través del artículo 53 de la Constitución Nacional, que prevé que la Cámara de Diputados “ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones”.

El Presidente contó con el apoyo de 11 gobernadores: Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Otros apoyos

Además, los vicegobernadores del Norte Grande, Rubén Dusso (Catamarca), Florencia López (La Rioja), Carlos Silva Neder (Santiago del Estero), Sergio Mansilla (Tucumán), Analía Rach Quiroga (Chaco) y Eber Solís (Formosa) respaldaron también la iniciativa.

Otros gobernadores, Gustavo Sáenz (Salta), Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones), habían cuestionado el fallo de la Corte que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a CABA pero no se pronunciaron sobre el pedido de juicio político.

El pedido de juicio político se conoció luego de haberse hecho pública la difusión de chats que habría mantenido el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’ Alessandro con Silvio Robles, vocero y principal colaborador de Rosatti, presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, escándalo que obligó al funcionario del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a tomar licencia en el cargo.


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