El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió hoy al juez federal Sebastián Casanello que cite a declaración indagatoria al empresario Lázaro Báez, uno de sus hijos y otras seis personas por supuesto lavado de dinero.
La requisitoria pide las convocatorias a declarar como imputados de Lázaro Báez, Martín Báez, Federico Elaska, Leonardo Fariña, Fabián Rossi, Claudio Bustos, y Marcelo Ramos y Jorge Chueco, directivos de la firma Helvetic.
Además, Marijuan planteó al Casanello que disponga la realización de 96 medidas de prueba, algunas en torno a la compra de dos campos, uno en Mendoza y otro en Uruguay, el depósito de 22 millones de dólares en Suiza, y la repatriación de 33 millones de dólares mediante la venta de bonos.
Todo esto surgió a partir de los informes del programa «Periodismo para Todos» de Jorge Lanata, presentado en 2013, que dieron cuenta de lo que se dio en llamar la ruta del dinero K.
También propuso enfocar la pesquisa sobre los plazos fijos que Báez habría abierto, el 16 de diciembre de 2010, en la sucursal Comodoro Rivadavia del Banco Nación, por nueve millones y medio de dólares llevados en efectivo a la entidad.
Y, asimismo, denunció a la Unidad de Información Financiera y a la Procuración a Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), por entender que ambos organismos habrían demorado varios años en presentar en la causa Reportes de Operaciones Sospechosas de los movimientos de Báez.
El 12 de marzo pasado, Báez debutó en indagatoria en esta causa y negó vinculación con la compra de un campo de 3.600 hectáreas en Mendoza o cualquier otro hecho de lavado, sostuvo que fue «injustamente imputado» y denunció que la sociedad está «inducida y envenenada por los medios».
Ahora Marijuan, en un escrito de más de 200 páginas, amplió los hechos bajo investigación y pidió a Casanello que vuelva a citar pero esta vez por otros hechos a Báez, titular de la empresa Austral Construcciones, la principal adjudicataria de obra pública en la provincia de Santa Cruz.
Báez ya fue indagado por la presunta entrega de cinco millones de dólares a Fariña para que en diciembre de 2010 compre la estancia mendocina «El Carrizalejo», de 3.600 hectáreas en Tupungato, y que en 2012 fue vendida en 1,8 millón al empresario Roberto Erusalimsky.