El motorman es uno de los acusados.

El fiscal en el juicio oral por la tragedia ferroviaria de Once, Fernando Arrigo, acusó hoy a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) de desviar los subsidios que el Estado le otorgó, para destinarlos a un entramado de empresas privadas.
Arrigo continuó hoy con su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2 y señaló que TBA, a cargo de Sergio Cirigliano, uno de los 28 acusados, realizó contrataciones directas que no tuvieron control del Estado con empresas vinculadas y por contraprestaciones de las cuales no se pudo comprobar su realización.
Como ejemplo, el fiscal sostuvo que Cometrans S.A., la empresa controlante de TBA, le facturó más de 100 millones de pesos por asesoramiento y honorarios.
«Con su conducta Sergio Cirigliano causó un daño al Estado, en tanto que obtuvo ventaja patrimonial porque era quien tenía el manejo y la administración de Cometrans y TBA», sostuvo Arrigo.
El fiscal en el juicio por la tragedia de Once, que provocó la muerte de 51 personas, explicó que esos fondos públicos no eran destinados al servicio de la línea Sarmiento, que era deficiente.
A pesar de ello, un mes antes de la tragedia el entonces secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi le otorgó a TBA la concesión del tren El Gran Capitán.
Junto con Cirigliano están siendo juzgados otros 22 ex directivos de TBA y de Cometrans; los ex secretarios de Transporte Schiavi y Ricardo Jaime; los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Eduardo Sícaro y Pedro Ochoa Romero; y el maquinista Marcos Antonio Córdoba.
La Fiscalía acusó ayer a los directivos de TBA por las irregularidades y deficiencias en el funcionamiento del ferrocarril Sarmiento.
Arrigo dedicó esa audiencia de alegatos ante el Tribunal Oral Federal 2 a advertir sobre la falta de mantenimiento en los trenes del Sarmiento, línea ferroviaria en la que se produjo el siniestro del 22 de febrero de 2012. «Las formaciones del Sarmiento registraban atraso en las reparaciones», sostuvo, y aseguró que esas irregularidades eran avaladas por ex funcionarios imputados en el juicio, entre ellos Jaime y Schiavi.
El representante del Ministerio Público insistió ayer en advertir que los ex funcionarios kirchneristas tenían «la posibilidad de fiscalizar a TBA y ordenarle modificar el servicio» y no lo hicieron.
En ese sentido, apuntó a Sícaro, a quien responsabilizó de «omisión deliberada» por no haber «resguardado debidamente los bienes del Estado».
El fiscal Arrigo concluirá el próximo lunes su alegato, en el que hará su pedido de penas contra los acusados.