Se trata de Carlos Castello (de 62 años), cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en la vivienda que ocupaba el 20 de octubre de 2008, dio pie a una investigación del fiscal de Delitos Complejos Esteban Lombardo hacia policías de un destacamento próximo a la casa de la víctima. Ese domicilio fue allanado en diciembre pasado por Gendarmería, que levantó muestras de sangre, retiró diversos objetos de importancia para la causa y realizó peritajes que ahora descartan el suicidio.

Los peritajes determinaron que Castello «no se disparó y quedaron confirmadas lesiones en vida», informaron los voceros consultados por la agencia Télam. También explicaron que por esos estudios «se llegó a la certeza de que el arma que le produjo la muerte es de un calibre mayor al encontrado al lado de su cuerpo». Otra cuestión que surge es que el orificio de salida de la bala en la cabeza de Castello «no se corresponde con el comportamiento que presenta usualmente la munición de calibre 32», que es la encontrada junto a la víctima.

Los peritos señalaron que Castello nunca empuño un arma, ya que no se hallaron restos de pólvora en sus manos, y que el disparo se lo efectuaron a una distancia de entre 10 a 15 centímetros. Los peritajes también determinaron que el lugar donde se encontró el cadáver no es el mismo en el que lo mataron, que la posición final del cuerpo no se condice con el de alguien que se haya suicidado y confriman que la escena fue armada.

Es que hay un disparo en una pared cerca de donde se halló el cadáver que no tiene que ver con el que le efectuaron en la cabeza, ya que no dan los ángulos, según establecieron los peritos. Por el hecho, cuatro policías, dos oficiales y dos suboficiales, son investigados para determinar si cometieron irregularidades con el fin de desviar la investigación, ante la denuncia del hermano de la víctima, Eduardo Castello.

El hombre aseguró que «los policías ocultaron pruebas y desviaron la pesquisa». Cuando fue encontrado, Castello tenía un disparo en la cabeza, una herida cortante en el antebrazo, golpes en el rostro y la vivienda estaba cerrada por fuera, según consta en el expediente judicial. Tiempo antes, el ecologista se había enfrentado con las autoridades municipales de Lobos por la privatización de una calle de ingreso a la laguna, que pasó a manos de particulares que cobraban un canon a los pescadores y turistas que querían ingresar al espejo de agua.

Por esta cuestión, también había mantenido diferencias con policías bonaerenses que prestaban servicios en el destacamento Laguna de Lobos, al encabezar en varias ocasiones protestas de vecinos que no estaban de acuerdo con el cierre de la calle pública. El hermano de la víctima explicó a Télam que «existe la sospecha fundamentada de que hay personal policial implicado en la acción de proteger a los verdaderos culpables, que con locuaz intencionalidad, han dificultado esta investigación».

«Mi hermano tenía evidentes signos de tortura, no había disparado el arma, la escena fue armada, y el proyectil que fue encontrado cerca del cuerpo presentaba manchas que no eran de sangre, es decir no se encontró sangre de la víctima en el proyectil que supuestamente había atravesado su cráneo», aseguró. Por disposición de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial, meses atrás se apartó de la investigación a la Policía debido a la denuncia que existe contra miembros de esa fuerza, y se dispuso que quede a cargo de Gendarmería Nacional.