Por Diego Schurman

El pasado sábado 14 de septiembre asomaba nublado para la mayoría de los bonaerenses menos para Alejandro Granados. El ministro de Seguridad del distrito llegó a la Quinta de Olivos con una claridad meridiana sobre lo que le iba a proponer a Cristina Kirchner.
No había pasado ni un día desde su asunción cuando el flamante funcionario le dijo a la presidenta que la soja podría ser el primer mojón en la carrera contra la inseguridad.

Lo había hablado previamente con Daniel Scioli pero la última palabra no era del gobernador sino de la mandataria. Sólo ella podría modificar el destino de los millones de dólares que ingresan al país gracias a esa leguminosa.
¿A qué apuntaba Granados? En marzo de 2009, en el corolario del conflicto con el campo, Cristina creó un Fondo Federal Solidario para administrar el 30% de las sumas que el Estado percibe en concepto de derechos de exportación a la soja, en todas sus variedades y derivados.
Con ese dinero hoy se financian obras provinciales y municipales, ya sean de infraestructura, sanitarias, educativas, hospitalarias, viales o de vivienda. El artículo 2 del Decreto 206 prohíbe taxativamente destinar ese dinero a otros rubros, como por ejemplo gastos corrientes.
El ministro pidió flexibilizar ese artículo –con un nuevo decreto– para que también se pueda invertir en seguridad, ya sea comprando patrulleros o equipando a los efectivos de la bonaerense y la futura policía comunal. La presidenta se comprometió a estudiar el tema.
El gobierno nacional creó el Fondo Federal Solidario con el doble propósito de neutralizar las protestas del campo y garantizar el encolumnamiento de la dirigencia provincial.
A los líderes agrarios se les cayó uno de los argumento de resistencia a las retenciones cuando la Casa Rosada anunció que parte de ellas serían destinadas a la construcción de escuelas y hospitales en el marco de un plan de redistribución de los ingresos.
Los gobernados, por su parte, fueron conminados a un respaldo explícito ya que de la aprobación de sus distintos parlamentos dependía que la llegada del dinero se hiciera efectivo mediante la ley de coparticipación.
El artículo 4 del decreto es contundente respecto de la necesidad de una «adhesión expresa» de las provincias como condición sine qua non para ser beneficiadas con el fondo.
A la vez, las provincias debieron establecer un sistema de reparto automático a los municipios –sin costos y a través del Banco Nación– del 30% de lo que reciben para que los intendentes emprendieran con absoluta autonomía el mismo tipo de obras que la provincia pero a nivel local.
La idea de Granados de facultar a los jefes comunales a utilizar ese dinero para combatir la inseguridad, el flagelo que más preocupa a los bonaerenses, no vendrá sin sobresaltos ya que implica relegar otras obras.
La teoría de la «sábana corta» se puede aplicar a los cambios que propone el ministro: para cubrir un tema se debe descuidar otro. Estará en la decisión de cada intendente qué dejarán de lado para garantizar mayor seguridad, lo que también implica un riesgo ya que el incremento de los delitos responde a una problemática compleja que no se resuelve únicamente con más camaritas o saturación de efectivos.
Este año la provincia de Buenos Aires percibirá unos 2000 millones de pesos del Fondo Federal Solidario, de los cuales el 30% –o sea, unos 600 millones– quedará bajo la administración directa de los intendentes.
Poco después de su paso por la Quinta de Olivos, Granados confió su propuesta, y pidió mantenerla en reserva, a los secretarios de Seguridad de Bahía Blanca, Almirante Brown, Avellaneda, Ezeiza, Florencio Varela, General Rodríguez, General San Martín, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Berazategui, Escobar, Esteban Echeverría Lomas de Zamora, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Marcos Paz.
Esta semana volvió sobre el tema con la Mesa de Seguridad Rural, en una reunión de la que también participaron el ministro de Asuntos Agrarios, Gustavo Arrieta; el superintendente general de la Policía, Hugo Matzkin; el titular de la Superintendencia de la Seguridad Rural, Roberto Cisterna, y el director de Seguridad Rural, Carlos Rossi.
Las entidades agropecuarias vieron con buenos ojos la medida pero fueron tremendamente críticos con una realidad insoslayable: señalaron que difícilmente las comunas puedan contar con la totalidad de ese dinero ya que el mismo, lejos de estar siendo destinado a obras de infraestructura, como establece el decreto, muchas veces se utiliza para tapar agujeros y pagar el sueldo de los empleados municipales.
La situación de salud de Cristina podría demorar la resolución de un tema de necesidad mutua ya que Granados sabe que su éxito está atado a la ayuda de Nación, y la presidenta reconoce que de la buena gestión del ministro depende, en gran medida, la respuesta electoral en el distrito, ya no sólo de los comicios de octubre sino también de los venideros.
La idea de «empoderar» a los intendentes responde a una lógica de descentralización que se viene imponiendo en la provincia y que tiene su correlato en el ámbito judicial y también en el policial.
Sergio Massa le dio relieve al tema de seguridad en la campaña y su buena performance en las Primarias obligó al resto de los candidatos a abordarlo. El propio kirchnerismo, que no lo tenía como una prioridad en su agenda, modificó radicalmente su postura y propició un cambio de mando en la provincia, con la salida de Ricardo Casal y el ingreso de Granados.
El flamante ministro fue intendente de Ezeiza, el único desde que ese partido logró su autonomía, en 1995, al separarse de Esteban Echeverría. Esgrimió históricamente un discurso de mano dura y es un cultor de las cámaras de seguridad y de la policía en la calle. De hecho, prometió replicar ese modelo de seguridad local en toda la provincia.
El inconveniente que se le presenta no es nuevo. Faltan recursos. Por eso habrá que ver si Cristina le dará aire a la primera propuesta que ideó o si lo obligará a ser más creativo para financiar su política de prevención del delito.

Fuente: Tiempo Argentino.