González Nieva fue detenido en 2016.

Por Rafael Saralegui

Es probable que sea uno de los casos más paradigmáticos de la injusticia en la Argentina. Una demostración palmaria de que cuando el aparato judicial se pone en marcha nada lo detiene, aunque lleve a prisión a un inocente sin pruebas y de todos modos lo condene sin que las máximas autoridades judiciales tomen cartas en el asunto para resolver el agravio.

Jorge Enrique González Nieva está preso desde el 19 de julio de 2006, tras haber sido acusado de un robo seguido de muerte, ocurrido en mayo de ese año. Lo arrestaron cuando regresaba a su casa en el barrio La Blanquita, en el partido de Merlo, provincia de Buenos Aires por un grupo de efectivos de la comisaría de la zona.

Lo más indignante del caso de González Nieva es que los policías que lo detuvieron fueron acusados y destituidos de sus cargos. “Los policías que participaron de su detención fueron condenados por encubrimiento, falso testimonio, tentativa de extorsión, por haber involucrado a personas en supuestos delitos para luego amedrentarlas y extorsionarlas. A su vez, el fiscal de la causa fue suspendido de su cargo en 2017 por su actuación en este y otros procesos judiciales”, denunció Amnistía Internacional.

El fiscal que intervino en el caso de González Nieva, Alejandro Jons, era el titular de la Fiscalía N° 4 de Morón y en diciembre del año pasado fue suspendido en sus funciones, luego de que se le iniciara un jury de enjuiciamiento, acusado de liderar una banda integrada además por policías que armaban falsos procedimientos y extorsionaban a los detenidos para que entregaran dinero o bienes para recuperar la libertad. Los otros miembros de la banda eran el comisario Carlos Genel, el jefe de calle Alberto Casco y el falso abogado Silvio Hipólito Cascella.

González Nieva fue otra de las víctimas de la banda y fue condenado por un tribunal oral en 2010. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia en 2015 y desde entonces espera su resolución. En una carta que hizo pública ayer, Amnistía Internacional le pidió al máximo tribunal que se expida sobre el caso lo más pronto posible, ya que “de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, todas las personas gozan del principio de presunción de inocencia, según el cual, una persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Esto implica que, salvo excepciones, tiene derecho a esperar una sentencia en libertad y debe garantizarse su derecho de defensa ante la justicia”.

González Nieva declaró que los policías que lo arrestaron lo golpearon y le pidieron dinero para dejarlo en libertad. De no acceder al pedido lo involucrarían en un caso de homicidio en ocasión de robo ocurrido en la misma localidad. Como no quiso entregar el taxi que manejaba eso fue lo que pasó.

Además de contar con el patrocinio del defensor oficial ante la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano, González Nieva cuenta con el apoyo de la ONG Innocence Project Argentina, encabezada por el ex fiscal Manuel Garrido, que aportó nuevos elementos en el expediente. Se determinó que uno de los integrantes de la banda  aseguró que González Nieva no participó del hecho y que el homicidio lo había cometido otro integrante del grupo. Además, el testigo que supuestamente lo había identificado denunció que no lo había reconocido, a pesar de haber sido presionado por la policía para culpar a González Nieva, y aseguró que que el acta de reconocimiento fue falsificada. Esos dos testimonios fueron filmados ante la presencia de un escribano y fueron incorporados en la presentación ante la Corte, explicó Garrido.

“Todos estos elementos de prueba fueron puestos en conocimiento de la CSJN por su defensa -a cargo de la Defensoría de Casación- pero hasta tanto el Tribunal no resuelva el recurso que se encuentra pendiente desde hace más de tres años, González Nieva no puede cuestionar los fundamentos de su detención. Se le impide así su derecho de defensa”, denunció Amnistía.

González Nieva hace 12 años que está preso en el penal de Olmos, sin condena firme y con la evidencia de que su sentencia debe ser revisada por los datos nuevos que se conocen. Un dato que genera más indignación es que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires no quiso revisar la sentencia un exceso en la cantidad de fojas. Un tecnicismo incomprensible para un hombre que hace 12 años que está preso.Aunque no se puede confirmar que sea un caso “récord”, es probable que ningún otro lo supere. La Justicia con su peor cara. La Corte tiene la palabra.

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