Ramos Heredia dijo ser víctima de una conspiración.

En una medida sin precedentes, el Consejo Nacional de la Magistratura de Perú (CNM), el máximo órgano de control judicial del país, destituyó la semana pasada al fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, por supuestas irregularidades y «actuaciones indebidas» en la investigación de tres casos relacionados con una red de corrupción.

«El Consejo Nacional de la Magistratura (…) ha tomado conocimiento de los informes de la comisión de procesos disciplinarios en los tres procesos abiertos contra Carlos Ramos Heredia, y la decisión en cada uno de ellos ha sido por la destitución», dijo el secretario general del CNM, Mario Álvarez, en un comunicado leído a la prensa.

La destitución fue aprobada 5-1 por los miembros del consejo. Los presuntos casos de corrupción que supuestamente intentó frenar Ramos Heredia ocurrieron antes de que asumiera el cargo en mayo de 2014.

El funcionario destituido fiscal ya había dicho que acudiría a la Corte Constitucional o incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si era separado del cargo.

«Todos se han dado cuenta que hay un complot y una conspiración contra mí», dijo en una entrevista a una radio local.

Ramos Heredia es investigado por su anterior actuación como fiscal de control interno en dos casos de corrupción, por una sanción impuesta al fiscal de la localidad norteña de Chimbote, Luis Checa, y por su presunta relación con una red de corrupción dirigida por el empresario detenido Rodolfo Orellana.

Carlos Ramos Heredia, quien es primo de Nadine Heredia, la esposa del presidente de Perú, Ollanta Humala, fue elegido en abril del 2014 para ejercer durante cuatro años el cargo de Fiscal de la Nación por la Junta de Fiscales Supremos.

Se trata de un hecho sin precedentes en la historia judicial de Perú, y ahora el exfuncionario tiene cinco días para presentar un recurso de reconsideración.

El ahora fiscal en funciones, Pablo Sánchez Velarde, indicó al diario El Comercio de Lima que los cuestionamientos a Ramos Heredia afectaron la imagen del Ministerio Público. Recalcó que estos cuestionamientos «hacen mucho daño a su institución ante la opinión pública».

«Si se cuestiona a una autoridad el reflejo es inmediato, la ciudadanía piensa que todos somos iguales y eso no es cierto. El trabajo fiscal es un trabajo constitucional, es un trabajo importante, es el primer eslabón en el tema de las investigaciones penales y cuestionar el trabajo de un fiscal sobre la base de conceptos y notas externas, referidas a una sola persona, le hacen mucho daño a la institución», dijo Sánchez Velarde.