Después de 28 años, comenzó hoy en la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata el juicio a los policías acusados por el homicidio del subcomisario Jorge Omar Gutiérrez, hermano del sindicalista y ex intendente de Quilmes Francisco “el Barba” Gutiérrez, ocurrido en 1994 como consecuencia de sus investigaciones sobre la denominada “aduana paralela” durante el gobierno de Carlos Menem.

«Es difícil tener expectativas por todo el tiempo transcurrido y por el empeño de la política y los poderes institucionales en trabar para que no se avance al nudo del problema», dijo «Barba» Gutiérrez antes de ingresar a los tribunales para asistir al debate.

Por su parte, David Gutiérrez, hijo del subcomisario asesinado, señaló que la reapertura del caso, ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es el resultado de «una larga lucha contra la impunidad».

«Estamos con mucha ansiedad y expectativa después de 28 años de impunidad, de haber sufrido y visto todo tipo de aprietes, de que esta vez se haga justicia por mi papá y que los autores materiales e intelectuales de su asesinato sean condenados por lo que hicieron», afirmó David Gutiérrez.

Gutiérrez fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando viajaba en un tren del Ferrocarril Roca a la altura de la estación Sarandí el 29 de agosto de 1994, y su cadáver fue hallado cuando la formación llegó a la cabecera, en La Plata.

La víctima había iniciado una investigación sobre el almacenamiento de mercaderías presuntamente ilegales en depósitos fiscales que proliferaron tras la desregulación del comercio exterior resuelta durante el gobierno de Menem (1989-1999).

En el juicio comparecen como acusados el ex cabo de la Policía Federal Alejandro Daniel “Chiquito” Santillán y el ex policía bonaerense Francisco Severo “el Colorado” Mostajo, quien permaneció evadido de la Justicia durante la mayor parte del proceso.

Santillán ya fue juzgado y absuelto en 1996, pero esa decisión fue revertida y ahora afrontará nuevamente el proceso, que transcurrirá bajo las previsiones del antiguo Código Procesal Penal que regía en 1994, cuando aún no se habían implementado los tribunales orales.

Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que acompaña a la familia de la víctima, el crimen ocurrió cuando Gutiérrez investigaba lo que ocurría en «depósitos de mercaderías vinculados al caso de la ‘Aduana paralela’, un resonante escándalo durante el gobierno de Carlos Menem».

Esa madrugada, el jefe policial se retiró de la seccional y se dirigía en tren a su casa de Quilmes cuando, a la altura de Sarandí, fue abordado por dos hombres, uno de los cuales le efectuó el disparo que lo mató, según la pesquisa.

‘Chiquito’ Santillán, entonces cabo de la PFA, estuvo imputado como autor material del disparo que mató a Gutiérrez, aunque fue absuelto en 1996 por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones de La Plata.

En 1998, en representación de la familia, desde el CELS se presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , lo que derivó en una causa que tramitó en la Corte IDH, que, en su sentencia, emitida en 2013, declaró al Estado argentino responsable por el derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales y protección judicial a favor de Gutiérrez y de su familia.