Por Javier Sinay.

Con fecha confirmada para el 24 de septiembre, el juicio oral por la muerte de Walter Bulacio está marcado a ser una cita histórica en la lucha contra la impunidad en la Argentina. Con 22 años de demora, a cuatro de la elevación a juicio y luego de varias suspensiones, finalmente se fija fecha para el inicio del debate oral y público donde será juzgado el comisario Miguel Ángel Espósito, que estuvo a cargo de la comisaría 35ª y del operativo policial desplegado el 19 de abril de 1991 en el Estadio Obras, con el que fue detenido Bulacio, que desde Aldo Bonzi había llegado para ver un show de los Redonditos de Ricota. Esa noche la banda presentaba los temas de “¡Bang! ¡Bang!… Estás liquidado”, que por entonces era su último disco, y daba un show llamado a ser, como consecuencia de la muerte de este joven de 17 años, el último del grupo del Indio Solari en la ciudad de Buenos Aires por varios años.

Walter murió por los golpes que le dieron en la comisaría.

El Tribunal Oral Número 29 tendrá a su cargo el juicio. Sin embargo, no se va a juzgar al comisario Espósito por la muerte de Bulacio (de la ya que fue desligado en el enmarañado proceso), sino por la privación ilegal de su libertad. Los ex jueces Carlos Elbert, Cristina Camiña y Alberto Piotti; el fiscal Oscar Ciruzzi y la ex Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires Alicia Oliveira serán convocados como testigos para declarar –según pedido de la defensa- sobre la existencia del “Memorando 40”, una norma ilegal que permitía a la Policía Federal detener a menores de edad y entregarlos a sus padres sin intervención de un juez.

Ese día, detuvieron a Bulacio y a varios otros a las nueve y media de la noche. Mientras las horas avanzaban en la comisaría, los muchachos eran clasificados por edad y por sexo. A los mayores los enviaban a los calabozos; a los otros, a la Sala de Menores, que en realidad era otro calabozo. Aquella era la primera vez tras las rejas para Walter, que tenía frío y miedo. Fabián Sliwa, el agente que escribía los datos –y que en el caso de los menores anotaba apenas “Ley 10.903” como motivo de detención-, declaró cuatro años después que vio cómo el propio Espósito, harto porque ya de madrugada “la comisaría era un despelote”, le sacó la cachiporra a uno de sus agentes y descargó su bronca golpeando en la cabeza a Walter.

Los padres de Bulacio recién se enterarían de su derrotero al día siguiente. En la mañana del sábado 20, Walter fue trasladado en una ambulancia del CIPEC al Hospital Pirovano, desde donde lo derivaron al Fernández porque no funcionaba el tomógrafo. “Su hijo estaba borracho y drogado”, les dijeron en la comisaría a sus papás, cuando fueron corriendo a buscarlo. “¿Te pegaron, negrito?”, le preguntó Víctor Bulacio a su hijo cuando finalmente lo pudo ver. El pibe asintió. Al médico que lo recibió le había dicho quién: “la yuta”. El domingo 21, Walter recaló en el Sanatorio Mitre, adonde llegó con una ficha médica que decía “Golpes faciales varios de 36 horas de evolución”. Hacía un día y medio que había entrado a la comisaría. En el sanatorio no pudieron evitar que entrara en coma y que una semana más tarde falleciera. Todavía quedaba en la pared de la Sala de Menores de la comisaría el graffiti rudimentario que uno de ellos había raspado con su birome, al lado de sus nombres: “Caímos por estar parados. 19/4/91”.

El testimonio del agente Fabián Sliwa fue impugnado por la defensa del comisario y finalmente descartado, pero su versión, dicen desde la querella, encaja. Un golpe violento o el miedo de pasar una noche en la comisaría: no hay que buscar demasiado para encontrar las causas del crack en la cabeza de Bulacio. Los chicos que compartían el calabozo con él le cedieron la única silla cuando lo vieron debilitado y dolorido, vomitando. “De acá no salimos, nadie sabe que nos trajeron”, le había dicho a uno de ellos.

“A lo largo de la infinita causa judicial, cada gobierno hizo lo suyo para garantizar la impunidad de los represores”, dice María del Carmen Verdú, abogada de la familia Bulacio y fundadora de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). “El gobierno de Menem, cuyos ministros y demás operadores se turnaron para apretar jueces y fiscales, fue el encargado del encubrimiento inicial. El comisario, cuyo hermano solía aparecer en las conferencias de prensa presidenciales custodiando al primer mandatario, recibió la defensa oficial del cuerpo de abogados del Ministerio del Interior, del que entonces dependía la policía. Durante el gobierno de la Alianza, además de sostener la inmovilización de la causa y de excluir a la mamá de Walter y a CORREPI de la querella, el presidente De la Rúa contrató, para contestar nuestra demanda internacional, a Daniel Pastor, que negó que Walter fuera torturado y defendió al Estado argentino con los mismos argumentos de la defensa del comisario en la causa interna. Cerca del juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra fue nombrado como juez ad hoc de la Corte IDH para representar los intereses del gobierno argentino. Cuando Eduardo Duhalde llegó a la presidencia, para evitar el juicio y condena internacional reconoció la responsabilidad del Estado argentino por la detención ilegal, tortura y muerte de Walter por decreto presidencial”.

El 18 de septiembre de 2003, la Corte IDH condenó al Estado argentino y le ordenó terminar con el sistema de detenciones arbitrarias, y motorizar la causa, que desde abril de 1996 hasta 2008 se mantuvo en la misma etapa.

Sigue Verdú: “fue el turno, entonces, de los gobiernos kirchneristas, que se dedicaron a incumplir la sentencia internacional mientras, con su particular estilo, anunciaban a cada rato su cumplimiento. Cristina Fernández, de la mano de Aníbal Fernández, anunció la exoneración del comisario Espósito, que, agotado por los escraches, llevaba para entonces 12 años jubilado. Cada vez que la Corte intimó al estado a informar sobre los motivos de demora en el cumplimiento de las cuestiones de fondo de la condena, contestaron con rodeos y eufemismos, y hasta mandaron al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, a presentarse como querellante en la causa interna. Mientras tanto, ampliaron todas las facultades policiales para detener personas arbitrariamente”.

Desde CORREPI dicen que este juicio llega tarde y mal: “El comisario Miguel Ángel Espósito será el único acusado. Bien acusado está, pero habrá demasiadas sillas vacías. Espósito es sólo el ejecutor. Ninguno de sus mandantes enfrentará una acusación. Tampoco se lo juzgará por la muerte de Walter, ni por las torturas a los restantes 73 detenidos”.

Después de la muerte de Bulacio Los Redondos dejaron de tocar durante años en Buenos Aires.