Los tests fueron adquiridos en compra directa.

Las compras de urgencia en medio de la pandemia generada por el coronavirus, siguen generando consecuencias políticas, que terminan en la Justicia por presuntas irregularidades y sobreprecios.

Primero fue la denuncia por sobreprecios en la compra de alimentos en el Ministerio de Desarrollo de la Nación, que terminó con la renuncia de 15 funcionarios y una causa que se tramita en la justicia federal.

Luego se conoció el caso de la compra de barbijos a un precio superior a los del mercado, a una empres sin antecedentes en el rubro, encabezado por un abogado vinculado desde hace años con el Grupo Clarín.

Esa denuncia del ex legislador porteño José Cruz Campagnoli provocó la renuncia del ex subsecretario de Administración del Sistema de Salud porteño Nicolás Montovio, supuesto responsable de la cuestionada compra.

Campagnoli amplió hoy la denuncia contra Montovio y “todo aquel que resulte involucrado» por la presunta compra irregular de miles de test rápìdos para el diagnóstico de coronavirus, a un precio superior a los del mercado, a una empresa radicada en Singapur sin antecedentes y por medio de una contratación directa.

Denuncia por barbijos

En la presentación que quedó a cargo de la fiscalía penal contravencional y de faltas 15 de la ciudad de Buenos Aires, se pidió investigar a Montovio y a «todos los funcionarios (o ex funcionarios) públicos que pudieran haber realizado conductas indebidas en perjuicio de la administración pública».

Esta denuncia se acumuló a una previa vinculada a los supuestos sobreprecios con la adquisición de barbijos a la empresa Green Salud, que se encuentra en «plena investigación y con citaciones previstas próximamente», según explicaron fuentes del caso.

A esta denuncia se sumó ahora la ampliación presentada por Campagnoli en relación a una presunta «administración fraudulenta y malversación de caudales públicos» en la adquisición directa de 300.000 test rápidos de Covid-19 a una empresa de Singapur, «HN Singapore Pte. LTD» por 1.770.000 dólares.

La compra se concretó a través de la resolución 2020-88 firmada por Montovio, quien renunció al cargo cuando se denunció la supuesta compra irregular de barbijos por 3.000 pesos la unidad a la empresa del abogado Ignacio Sáenz Valiente, integrante del directorio de Cable Visión.

Lo más llamativo es que en la primera resolución del gobierno porteño se aceptaba pagar 5,90 dólares por unidad, pero luego, diez días después, la empresa dice que no tiene los insumos a ese precio y se acepta pagar 9,70 por unidad, casi el doble, pero por 120 mil tests menos, según se detalló en el programa Conflicto de Intereses, por C5N.

Quién la conoce

En la denuncia, Campagnoli sostiene que que simplemente con “googlear” en nombre de la firma beneficiada con la compra “nos encontramos con una empresa fundada en el año 2016 con un único domicilio en un departamento residencial de la ciudad de Singapur (610 HOUGANG AVENUE 8 #17-494) y cuya actividad principal es el comercio de bienes sin un producto dominante”.

Agrega luego que “su estructura de capital consta de U$S 0,70 (setenta céntimos de dólar estadounidense, lo que equivale a un dólar singapurense) aportado por su único accionista y director Nicolás Eng Teng Cheng nacido en Singapur hace veinticuatro años y cuya cédula de identidad es S9146081E, pero del que poco más se sabe, pero lo que se puede asegurar es que de ninguna manera se trata de una empresa líder en materia de insumos de salud”.

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“No se explica cómo esta empresa proveyó al GCABA de los test rápidos de Covid 19 que eran imposibles de adquirir a nivel mundial, según los fundamentos de dicha resolución, máxime cuando nueve días después la misma Subsecretaria de Acceso a la Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de la resolución 132/SSASS/20 se ordenó comprar 500.000 (quinientos mil) test masivos denominados Test rápidos COVID-19 Marca Panbio de ABBOTT a la empresa ALERE SA con domicilio en el país y trayectoria en la producción y comercialización de productos bioquímicos”, continúa la presentación.

De acuerdo a la denuncia, “la relación del gobierno de la Ciudad es bastante particular y por demás compleja. Uno de los principales proveedores del GCABA el señor Nicolás Caputo es el actual cónsul de Singapur en la Argentina y había sido designado por el ex Presidente Mauricio Macri como cónsul honorario de la República Argentina en dicho país del sudeste asiático”.

Como prueba se pidió solicitar al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires «que informe todas las averiguaciones informales realizadas por las distintas dependencias bajo su jurisdicción con el objetivo de obtener estos insumos y sus respectivas respuestas».

Campagnoli pidió que «se intime a la Subsecretaria de Administración del Sistema de Salud a que informe cómo se contactaron con la empresa HN Sinapore PTE. LTD y cómo tomaron conocimiento de la existencia de la misma».