Michetti firmó el decreto que habilitó la maniobra.

No es un buen momento para Gabriela Michetti. Luego de haber quedado envuelta en una escándalo por interceder en favor de uno de los ex fiscales condenados por encubrimiento en la causa por el atentado contra la AMIA, hoy se supo que fue denunciada por incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con su cargo.

La denuncia fue presentada este jueves por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, para que se investiguen distintas contrataciones que llevó adelante la Jefatura de Gabinete de Ministros en el período 2016-2019, por lo que el ex jefe de Gabinete Marcos Peña también será investigado.

En concreto se trata de contratos de publicidad que fueron adjudicadas sin concurso a las empresas Aura Advertising SA, La Comunidad SA, Circus BA SA y Power República SA, informó esta tarde Fiscales, el sitio del Ministerio Público Fiscal.

Las contrataciones cuestionadas habrían significado la erogación de al menos unos 291 millones de pesos. Intervendrán por sorteo el juez Marcelo Martínez de Giorgi y  el fiscal Jorge Felipe Di Lello.

Contratos directos

“La presentación encuentra sustento en una investigación preliminar desarrollada en el seno de la PIA, mediante la cual se pudo determinar que desde la Secretaría de Comunicación Pública (dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros) se habría gestado un esquema de contrataciones de empresas publicitarias relacionadas con el gobierno de turno, en flagrante violación a los principios de las contrataciones públicas.

Según la PIA, las empresas beneficiadas serían las mismas que participaron en el desarrollo de las campañas publicitarias de Cambiemos durante las elecciones de 2015 que terminaron con Mauricio Macri en la Casa Rosada.

La investigación sostiene que las firmas mencionadas habrían sido las encargadas de desarrollar la publicidad oficial de otros distritos gobernados por el mismo signo político, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Vicente López.

“Los funcionarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros impulsaron la modificación del decreto 984/2009, el cual otorgaba exclusividad a Télam SE en el desarrollo de la publicidad oficial. Ello fue logrado a través del dictado del decreto número 978/2016, que fue suscripto por la entonces vicepresidenta Marta Gabriela Michetti (a cargo del Poder Ejecutivo Nacional), motivo por el cual también se encuentra comprendida en la denuncia”, agrega el sitio.

Artilugio legal

De acuerdo con la denuncia, a fin de lograr la adjudicación directa de contratos millonarios a las empresas publicitarias vinculadas al partido, utilizaron un artilugio legal previsto en materia de contrataciones públicas que no resultaría aplicable a los expedientes analizados por la PIA. 

De esta manera las contrataciones se habrían adjudicado de modo directo, esto es, sin concurso de precios y sin permitir la competencia de otras empresas que pudieran mostrarse interesadas y -eventualmente- ofrecer el cumplimiento de las prestaciones por un monto más beneficioso para el Estado. 

También se observaron pagos realizados por el Estado a las mismas empresas, sin la celebración previa de un contrato y en clara violación a la normativa de contrataciones públicas.

Además de señalar a los funcionarios públicos intervinientes en las contrataciones, la PIA sugirió la realización de distintas medidas probatorias tendientes a dilucidar la participación de personas físicas privadas y remarcó la aplicación de la ley 27.401 (de Responsabilidad Penal aplicable a las Personas Jurídicas Privadas) a las sociedades anónimas contratadas.