El diputado nacional Rodolfo Tailhade amplió la denuncia penal por el blanqueo de 2016 incorporando nuevos hechos cometidos por los hermanos Mauricio y Gianfranco Macri y la madre de ambos, Alicia Beatriz Blanco Villegas, y pidió que el juez a cargo de la causa, Ariel Lijo, investigue la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y evasión tributaria agravada.

La denuncia original se presentó en diciembre de 2016 luego de que Mauricio Macri, mediante el Decreto 1206/16, permitió el blanqueo para padres, cónyuges e hijos de funcionarios, situación expresamente prohibida por la Ley 27260 de blanqueo de capitales.

En esa denuncia, Tailhade y otros diputados señalaron que “la modificación sorpresiva de una reglamentación permite sospechar sobre la verdadera intencionalidad del P.E.N que podría tener como finalidad favorecer a familiares de funcionarios del gobierno actual”, advertencia que finalmente se concretó.

La nueva información que se aporta en esta ampliación es que Gianfranco Macri, cuando en 2016 se acogió al beneficio de blanqueamiento fiscal de la ley 27.260, fraguó los requisitos que figuran en la ley de “amnistía fiscal”.

Guarida fiscal

Esto es así porque declara como propio ante las autoridades tributarias de la República Argentina un fideicomiso –de nombre Quiñel Trust- que se creó el 29 de noviembre de 2000, y  está en el Principado de Liechtenstein, un lugar que se considera una guarida fiscal.

De acuerdo a una reciente investigación periodística, el Principado de Liechtenstein remitió documentación donde quien figura como primera beneficiaria y titular es la Sra. Alicia Beatriz Blanco Villegas, madre de Mauricio y Gianfranco Macri.

Tailhade recuerda que “el art. 83 de la ley 27.260 le impedía expresamente a la Sra. Blanco Villegas, por ser la madre de uno de los sujetos alcanzados por el art. 82 inc. a), la posibilidad de acogerse a los beneficios del sinceramiento fiscal».

«Es esta puntual situación la que llevó a Mauricio Macri a advertir que la ley y el primer decreto reglamentario impedían concretar lo único que le importaba: blanquear sin mayores inconvenientes los 25 millones de dólares que pertenecían a dicho fideicomiso. Este impedimento es la razón por la cual Macri intenta generar un cambio en el régimen legal, y en un episodio inédito e insólito (que a nuestro juicio configura una evidencia cabal de la presencia del dolo en la maniobra) decide sacar un nuevo decreto reglamentario (el ya mencionado 1216/16) con el que permitió –de manera ilegal- que aquellos sujetos impedidos de acogerse al blanqueo por la ley 27.260, pudieran acceder a los beneficios que contemplaba el régimen de exteriorización”.

De acuerdo con sus necesidades

La denuncia consigna que «era de una obviedad clarísima que Mauricio Macri buscó moldear el régimen legal del blanqueo a las necesidades personales y de su familia. Es decir, la reglamentación fue a medida de sus intereses y de su familia.»

El legislador agrega que el blanqueo de estos fondos lo encabezó Gianfranco Macri, «fraguando la titularidad de esos activos, a pesar de que desde lo formal podría haber sido llevado a cabo por su madre habida cuenta que su hijo mayor había preparado el terreno para esa maniobra. ¡Cuál es la razón por la cual eligieron esta modalidad? Porque es evidente que el monto blanqueado fue conformándose a lo largo de los años, y ello llevaría a descubrir que el clan Macri y en particular Alicia Blanco Villegas fugaban divisas hacia esa cuenta cuando Mauricio ya era funcionario público y por lo tanto aparecía la objeción central a la operación: los bienes se fueron incorporando al fideicomiso de la madre mientras su hijo ya era funcionario público”.

Según el denunciante, el 18 de agosto último Alicia Beatriz Blanco Villegas supuestamente reconoció ante la AFIP, que era la titular de la administración y control de los activos del fideicomiso Quiñel Trust, y los incorporó a su declaración de Ganancias y Bienes Personales de 2020. Arguyó «con desfachatez», que era un simple «cambio de contribuyentes».