Aveni fue una de las primeras comisarios de la Federal.

Una mujer comisario que en 2014 había sido heroína en una toma de rehenes ocurrida en el barrio porteño de Villa del Parque, fue detenida en el marco de la causa en la que se investiga el presunto pedido de coimas a comerciantes y a cuidacoches, por parte de ex integrantes de la seccional 35 en el barrio porteño de Núñez, informaron fuentes judiciales.
Se trata de la comisario inspector Susana Amalia Aveni (58), quien actualmente se desempeña en el área de Narcocriminalidad de la Policía de Ciudad y el año pasado era jefa de una de las circunscripciones de la Dirección General de Comisarías.
Aveni (58) fue apresada en su domicilio de la avenida Pueyrredón al 300 del barrio porteño de Balvanera, por efectivos de la Gendarmería Nacional y se transformó así en la séptima detenida que tiene esta causa en la que aún quedan dos prófugos, entre ellos, el jefe de la cuestionada comisaría al momento de los hechos, el comisario Norberto Villarreal.
La jefa policial fue en 2012 una de las dos primeras mujeres que fueron designadas por la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, como titulares de una comisaría porteña en la historia de la Policía Federal Argentina (PFA).
Pero además, se trata de la misma mujer comisario que hace tres años fue reconocida y luego ascendida cuando era titular de la comisaría 47 y se hizo pasar por abogada en una toma de rehenes en Villa del Parque.
Aquel hecho ocurrió el 4 de septiembre de 2014 en una casa ubicada en la intersección de las calles Bolivia y Nogoyá, donde dos delincuentes armados irrumpieron para robar y se atrincheraron ante la llegada de la policía.
La propia Aveni se puso a negociar con los delincuente haciéndose pasar por abogada y así logró que la mujer fuera liberada, que ella quedara en su lugar y que poco después uno de los ladrones fuera detenido, lo que le valió un reconocimiento dentro la fuerza y varias notas en distintos medios periodísticos.
Fuentes de la Policía de la Ciudad indicaron que actualmente la comisario inspector se desempeña en el área de Narcocriminalidad, pero el año pasado, antes del traspaso de la PFA a la Capital Federal, era la titular de la Circunscripción 7ma. de la Dirección General de Comisarías, y de ella dependían siete seccionales, entre ellas la 35.
La ahora detenida quedó a disposición del juez en lo Criminal y Correccional 14, Ricardo Farías, quien la indagó esta tarde.
Aveni era la superior directa del aún prófugo comisario Villarreal, quien según la investigación iniciada por el fiscal del distrito de Saavedra, José María Campagnoli, le ordenaba a los policías de la brigada de su seccional pedir dinero a comerciantes y a empresarios de Núñez y de Saavedra a cambio de “seguridad privilegiada” y también extorsionaban a «trapitos».
El 28 de marzo último, en el marco de esta misma causa, fueron detenidos los subcomisarios Marcelo Stefaneti, que actualmente se desempeñaba en la División Comando y Control del 911, y Hernán Kovasevich, de la División Antidrogas Especiales.
Ese día quedó prófugo, al igual que Villarreal, otro subcomisario identificado como Alberto Codaro, cuyo destino no fue informado.
El juez Farías detuvo y luego procesó con prisión preventiva en noviembre último al sargento primero Adrián Otero, al cabo Alejandro Malfetano, al sargento Sergio Ríos y al suboficial escribiente Marciano Quiroga por “asociación ilícita”, mientras que el comisario Villareal todavía continúa prófugo.
Para el juez Farías, todos los policías «organizaron una asociación que funcionaba paralelamente a la estructura de la seccional 35, con jurisdicción en los barrios de Núñez y Saavedra, para llevar adelante una pluralidad de planes delictivos con el objeto de percibir dinero indebidamente».
Entre las pruebas principales contra los uniformados, se encuentra documentación secuestrada en varios comercios de la zona como comprobantes de aportes a la «Asociación Amigos de la Comisaría 35», que habría sido una de las formas de canalizar las coimas.
Según esos documentos, los pagos que hacían los comerciantes iban desde los 2.300 a los 3.000 pesos y los “trapitos”, para poder trabajar sin problemas, debían darle a la brigada de la comisaría entre 400 y 500 pesos por semana.