La toma del edificio de la Jefatura Central de Policía  de la provincia de San Luis cumplió 48 horas en la madrugada de hoy. Pese a que los reclamos ya están planteados hace meses, aún no se encuentra una solución definitiva al conflicto.

La protesta comenzó el 6 de agosto con un acuartelamiento antes de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado 11 de agosto. La fuerza policial provincial demanda a la administración de Claudio Poggi por los magros salarios y las deficitarias condiciones laborales, mientras que el gobierno provincial rechaza los argumentos de los amotinados.

Los acuartelados reclaman la incorporación de los despedidos.

Alberto Martínez, de la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios (FASIPP),  apuntó directamente al gobierno de Poggi para que “solucione en forma urgente la grave situación desesperante de los policías, ya que sus magros salarios le hacen imposible poder solventar los gastos que demanda la adquisición de bienes de la canasta familiar .Muchas veces lo urgente oculta lo importante y, si bien es necesario el aumento de salario, también lo son las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo».

En la noche del jueves, el ministro de Relaciones Institucionales y Seguridad, Martin Olivero, reiteró la vocación del gobierno provincial de dialogar con los policías que mantienen tomada la Jefatura Central, pero recalcó que para ello los autoacuartelados deben desalojar el edificio de Puente Blanco.
El funcionario afirmó que el gobierno no analiza la posibilidad de recuperar la central de Policía por la fuerza, pese a tener el respaldo de una orden de desalojo emitida por el juez Penal Nº 2 de la capital, Jorge Sabaini Zapata. “No estamos en condiciones de disponer el uso de la fuerza, no vamos a poner en riesgo la integridad física de las personas ni las instalaciones”, afirmó el ministro.
Por eso, reiteró, el Poder Ejecutivo va a seguir esperando que los protagonistas de la revuelta depongan la medida.
Para dialogar con los insurrectos, el titular de la cartera de Seguridad también estipuló la condición de los acuratelados no sean represntados por Enrique Miranda. El candidato por Convergencia Democrática, abogado y comisario retirado, es el asesor legal y vocero de los policías en conflicto.
“Hago responsable a Miranda por todos los daños ocasionados en la Jefatura Central y por todos los sucesos ocurridos allí”, afirmó Olivero.

El miércoles, unos 200 policías ocuparon la jefatura de la policía San Luis tras la expulsión de 51 agentes que se habían acuartelado y no aceptaron las órdenes emitidas por la jefatura policial. Al motivo de la primera protesta en la que se demandaba un aumento salarial y mejoras en las condiciones de trabajo, hoy se pide que retire la sanción administrativa de cumplimiento efectivo a los promotores del acuartelamiento de hace una semana.

El comunicado y petitorio de 18 puntos de los acuertalados plantea al gobierno de  puntano que “las condiciones que han venido desencadenando desenlaces traumáticos en el seno de la Institución policial, y a ello se le suma la deficiente representatividad y conducción del personal policial jerárquico, que nos lleva a quedar al límite poniendo permanentemente al filo de la comisión de errores, con que llegado el caso nos encontramos desamparados en lo administrativo y judicial”.

El pasado miércoles renunciaba el jefe de la Policía de San Luis, Miguel Ángel Ubietta, en medio del conflicto interno. Horas después, el ministro de Seguridad de la provincia, Martín Olivero, designó a Oscar Papaño en la Jefatura.