Por Ignacio Ramírez.

El escándalo narco policial de la provincia de Córdoba sigue generando nuevas denuncias. Mientras la causa avanza, las denuncias del Sindicato y la Unión de Policías prometen agregar un nuevo capitulo. Efectivos sancionados a dedo, un tribunal de disciplina fantasma que solo ampara a los policías corruptos, y sanciona o expulsa a los que no quieren ser parte de la mala policía,  la excesiva jornada laboral que lleva al limite a los efectivos, son tal vez otra parte de la historia de la crisis policial provincial.

De la Sota le tomó juramento a la nuva ministra.

Rene Zabala, Secretario de la Unión Policías y Penitenciarios Argentinos Córdoba (U.P.P.A.C) asevera que las denuncias y los vínculos de comisarios con los narcos datan de la época de los 90.  “Todos los policías conocemos a los narcos de la provincia. No hay que hacer mucha investigación. Estas causas eran frenadas por los gobernadores de turno. Hoy parece que se está dando vuelta la historia. Pero todo es un largo camino de la justicia federal”.

A la causa que lleva adeante el fiscal federal Enrique Senestrari por la presunta vinculación con narcotraficantes, que ya tiene cinco detenidos, se sumaron en las últimas horas otros tres efectivos. La detención de varios jefes de la división Drogas Peligrosas de la policía provincial, motivó que el exministro de Seguridad, comisario Alejo Paredes, y el exjefe de policía, comisario Ramón Frías, renunciaran y sus dimisiones fueran aceptadas inmediatamente sin ningún tipo de debate. La crisis institucional y sin precedentes en la historia de la fuerza policial cordobesa dejó sin efectivos la Dirección General de Lucha contra el narcotráfico. En una semana perdió  a ocho de sus hombres.

El gobernador José Manuel de la Sota reemplazó a Paredes con Alejandra Susana Monteoliva, quien ayer asumió en su cargo. También reemplazo al jefe de policía, Ramón Frías. En lugar de este último, ayer asumió , César Almada. La nueva ministra de Seguridad se comprometió a colaborar con el avance de la causa judicial. “La Justicia está interviniendo y lo que debemos hacer es esperar los resultados. Nuestra tarea ahora es seguir trabajando en identificar los delitos para revertirlos”, dijo.

La situación de los policías cordobeses es alarmante. “En el 2012 30 policías se quitaron la vida por presiones laborales. Este año ya van 20, el efectivo común tiene más miedo de los jefes, que de trabajar la calle. Las condiciones laborales son mínimas. No hay armamento, ni herramientas para poder trabajar seguro. Es una situación caótica, que lleva a los efectivos al límite”, explica Adriana Sandra Rearte secretaria Gremial de Sindicato Empleados Penitenciarios y Policiales Córdoba (SEPPA).

El efectivo Miguel Galíndez fue sancionado por denunciar corrupción en la División Drogas de la policía. Pese a tener un legajo perfecto, haber participado de cursos en la DEA, fue separado de la fuerza por haber herido el decoro de la institución con sus serias denuncias. Tal como pasa en la última década de la provincia, efectivo que se anima a denunciar a jefes; son expulsados; mientras los denunciados son premiados con un ascenso. “Denuncie a mis jefes por tener vínculos con piratas del asfalto. La corrupción actual no es nueva, viene de años de silencio en la fuerza. Los comisarios afines al negocio son ascendidos, los que se animan a denunciar se los deja sin empleo”, explica Galíndez, quien todavía espera ser reincorporado a la fuerza, luego de un fallo judicial histórico a su favor.

Nuevos jefes y ministro tienen en sus manos un desafío terminar con años de impunidad y protección política a la mala policía, una micro pyme del delito asociada al narcotráfico.