| Juicio oral

Condenan por violación a un fiscal que investigaba delitos sexuales

Julio César Castro estaba a cargo de la unidad especializada en investigar delitos sexuales.

El fiscal fue condenado por un tribunal oral.

El suspendido fiscal porteño Julio César Castro, ex jefe de la Unidad Fiscal especializada en Delitos Sexuales, fue condenado hoy por unanimidad a seis años y seis meses de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 en la causa que se le siguió por abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves agravadas por haber mediado un contexto de violencia de género.

Minutos antes, Castro se había proclamado “inocente” al pronunciar sus últimas palabras en el marco del juicio oral en su contra, mientras en la Procuración General de la Nación se tramita un proceso disciplinario en su contra, basado en esta causa y en un sumario administrativo que acumula varias denuncias por acoso sexual y laboral.

Si bien el primer tramo de la audiencia de hoy, última en el juicio, se desarrolló también a puertas cerradas -en la sala ubicada en el sexto piso del Palacio de Tribunales- a pedido de la defensa de Castro, fuentes judiciales indicaron a Télam que el volvió a proclamar su “inocencia” y pidió su absolución al Tribunal, del mismo modo en que lo había hecho su defensa, ejercida por un abogado particular.

La condena al fiscal

El juzgado, finalmente, accedió a que ingresara la prensa, que debió -a pesar de ello- apagar los celulares dificultando, de este modo, su tarea. A pesar de la sentencia en su contra, Castro no permanecerá detenido hasta que la sentencia quede firme, dado que aún mantiene las instancias de apelación.

Mientras describían la sentencia, Castro se mantuvo con la vista baja, mirando al piso, pero -sin embargo-, cuando leyeron la condena levantó la vista, se agarró la cabeza y abrió sus ojos en una clara expresión de no poder creer lo que escuchaba, como mostrándose sorprendido.

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Los hechos por los que el entonces representante del Ministerio Público Fiscal fue juzgado tienen como víctima a su ex pareja, una abogada 25 años menor que él, y se remontan al período que va entre octubre de 2016 y marzo de 2017.

Abuso sexual

La seguidilla de episodios arrancaron con un hecho de abuso sexual, continuaron en noviembre de ese año con lesiones, y prosiguieron en enero de 2017 con un nuevo hecho de abuso sexual que, dos meses más tarde, sumó otra agresión física que dejó a la víctima con el brazo lastimado.

Para la fiscal que interviene en el debate, Luz Castany, existía una “profunda asimetría” entre la víctima y el victimario, por ser ella una joven abogada que recién iniciaba su carrera profesional y él un reconocido fiscal, con 35 años de trayectoria, a cargo de la Unidad Fiscal especializada en Delitos Sexuales (ex Ufisex) y en plena carrera para convertirse en camarista.

Teniendo en cuenta ese contexto, como así también las pruebas y circunstancias de los hechos, la fiscal solicitó que se condene a Castro a seis años y seis meses de prisión, por considerar acreditada su responsabilidad en los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado en dos oportunidades en concurso real con lesiones leves, en perjuicio de su ex pareja, y en un contexto de violencia de género.

Un fiscal influyente

“Castro gozaba de reconocimiento en el ámbito judicial, era una persona influyente, con contactos; o al menos esa era la impresión que quería causar en la víctima, quien lo admiraba y respetaba profundamente”, sostuvo Castany durante su alegato en el juicio, iniciado en julio pasado.

Al fundar su pedido de condena, la representante del Ministerio Público Fiscal pidió al TOCC 8 que también pondere los antecedentes de Castro, quien, además de esta denuncia penal, carga también con un sumario administrativo en su contra en el que se acumularon varias denuncias por acoso sexual y laboral.

En las pesquisas realizadas en el marco de ese sumario, tramitados en la Procuración, donde ahora fue iniciado un proceso disciplinario en su contra que puede derivar en una eventual destitución, la fiscal federal Laura Mazzaferri no sólo había considerado probados los hechos sino que señaló la existencia de “un patrón de conducta por parte del fiscal respecto de empleadas o funcionarias mujeres”.