| Penas de hasta 11 años

Condenan a dos policías federales por el secuestro de un presunto narco

Dos ex oficiales de la comisaría 44 fueron condenados por el secuestro de un hombre que tenía varios kilos de marihuana en su poder. Pidieron un rescate de 40 mil dólares.

Los condenados pertenecían a la comisaría 44.

Los condenados pertenecían a la comisaría 44.

Dos efectivos de la Policía Federal (PFA) que se desempeñaban en la comisaría 44a. fueron condenados a penas de 11 y 10 años de prisión por el secuestro extorsivo de un presunto narcotraficante ocurrido en 2009 en el barrio porteño de Villa Luro.
Fuentes judiciales informaron que la sentencia fue impuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 al jefe de Servicio Externo de esa seccional, oficial subinspector Enrique Omar Zabala (35), y al cabo Héctor Horacio Miño (43).
En un juicio realizado en 2011, el mismo tribunal había condenado a los policías a tres años de prisión por «cohecho pasivo», es decir recibir coimas.
Pero el fallo fue apelado por el entonces fiscal Raúl Perotti, ya jubilado, y en octubre de 2014, luego de que el recurso fuera sostenido por su par Gabriela Baigún, la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó al TOF que cambiara la calificación legal y fijara un nuevo monto de la pena.
En una audiencia celebrada en el tribunal oral, el fiscal de juicio Diego Velasco solicitó esta semana una condena de 12 años y medio de prisión para Zabala y de 11 años para Miño por «secuestro extorsivo doblemente agravado por la intervención de tres personas y su calidad de sujetos activos en el hecho».
El representante del Ministerio Público Fiscal encontró como atenuantes el extenso tiempo transcurrido en el que los policías estuvieron sometidos a proceso y la carencia de antecedentes, antes y después del juicio.
Asimismo, tuvo en consideración informes que señalan que los efectivos estaban arrepentidos de haber cometido el hecho, pero en el caso de Zabala halló como agravante su función de «cuasi» organizador del secuestro, su condición de oficial dentro de la fuerza policial y su instrucción.
Finalmente, se le dictó una pena de 11 años a Zabala y de 10 a Miño.
El hecho por el que se condenó a los policías ocurrió el 5 de enero de 2009, cuando un presunto narcotraficante estaba junto a otra persona bajando bolsas que contení­an 65 kilos de marihuana frente a su domicilio, sobre la calle Manzoni, en Villa Luro.
De repente, se acercaron a gran velocidad dos autos, uno de los cuales estaba identificado con una baliza de las utilizadas habitualmente en los móviles no identificables de la Policí­a Federal.
El hombre, identificado como Jorge Gregorio Díaz, ingresó a la vivienda, pero fue sacado a la fuerza y subido a un vehí­culo, en el cual lo llevaron cautivo a una plaza del barrio porteño de Liniers, donde estuvo entre ocho y nueve horas.
En pleno desarrollo del secuestro, la mujer y un amigo de la víctima acudieron a la División Asuntos Internos de la PFA, ya que sospechaban que las comisarí­as de la jurisdicción estaban implicadas en el hecho.
Entonces, se derivó el caso a la División Antisecuestros de la fuerza, desde donde se solicitó la intervención de diferentes lí­neas telefónicas a la empresa Nextel.
En las horas siguientes, los familiares recibieron numerosas llamadas en las cuales los secuestradores les pidieron 40.000 dólares de rescate y decían que se «apuren con la plata» o mataban al hombre.
Finalmente, acordaron con los captores un encuentro en el cruce de la avenida General Paz y Beiró, en el barrio de Villa Devoto, para realizar el pago y hacia allí se dirigieron seguidos de cerca por efectivos de Antisecuestros.
Al advertir la presencia de estos últimos, los captores liberaron al hombre y se escaparon.
Si bien en ese momento no se realizaron detenciones, las tareas investigativas permitieron la identificación de los imputados en base a los testimonios de la víctima y sus familiares, los análisis de las comunicaciones y peritajes de voz.
Además, se estableció que el auto utilizado para el secuestro estaba a nombre de Zabala.
Al primer juicio oral, habían llegado imputados otros tres miembros de la fuerza, pero la Fiscalía solicitó la absolución porque no consideró demostrada su responsabilidad.
En tanto, el presunto narco Díaz resultó absuelto por la tenencia de los 65 kilos de marihuana, por un formalismo procesal.
Es que la doble calidad de testigo e imputado que le atribuyeron en el proceso afectó su derecho de defensa, por lo que el Tribunal Oral Federal (TOF) 3 declaró la nulidad de la indagatoria y el juicio en su contra.