El titular de la Cámara Federal Martín Irurzun resolvió horas atrás una puja que dominó gran parte de las últimas 48 horas en los tribunales de Comodoro Py: qué juez llevará la investigación sobre presunto lavado de dinero que involucra al empresario Lázaro Báez cuyos detalles fueron conocidos el domingo por la noche en el programa Periodismo para Todos de Canal 13. Le tocará a Sebastián Casanello instruir la totalidad de las denuncias que se acumularon a partir de la declaración del financista Leonardo Fariña.

El lunes por la mañana la primera presentación, a cargo de la diputada Elisa Carrió, recayó en el juzgado de Julián Ercolini quien dio traslado al despacho de Casanello. Este a su vez intentó transferir el pedido al juez Rodolfo Canicoba Corral ya que en su despacho existen denuncias anteriores.

Reuniones reservadas y llamadas urgentes dominaron todo el día de ayer en el fuero más decisivo para las causas de alto voltaje político. Irurzun volvió a demostrar que su cargo en la Cámara es estratégico no sólo por los meros formalismos (que igualmente lo llevan una vez por mes a entrevistarse con Ricardo Lorenzetti) sino porque la decisión sobre qué juez debía intervenir era una potestad solo reservada para su cargo. Por reglamento tenía tiempo hasta el martes por la tarde. La reflexión duró menos.

Fariña fue acusado por Lanata pero él lo desmintió.

Hoy por la mañana Irurzun y sus secretarios analizaron las presentaciones y la conclusión fue unánime: Casanello debe hacerse cargo de la investigación. Antes de firmar la resolución, en el segundo piso de los tribunales de Retiro un secretario analizó el complejo presente del juez más joven del fuero. Recordó que si bien llegó a su despacho a fines de 2012 ya tiene a su cargo la denuncia del oficialismo contra el camarista Francisco De las Carreras (juez clave en la pelea entre el Gobierno y Clarín), la desaparición de expedientes relacionados con la trama Ciccone de la IGJ y ahora también el affaire Baez. Ya había heredado de Norberto Oyarbide la causa de las escuchas ilegales en el gobierno porteño.

Anoche los teléfonos de jueces y fiscales no tuvieron descanso, especialmente aquellos con expertise en temas de lavado de dinero. Un fiscal fue el más determinante al sostener que si bien ya era tarde para allanamientos en la financiera SGI, bautizada por Fariña como “la Rosadita” ubicada en Puerto Madero “basta con cruzar datos de la Unindad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central para imputar a Fariña. La AFIP ya los debe tener”. Será por esto que causó gracia que Canicoba Corral argumentara que las cámaras ocultas no eran válidas porque no ofrecían elementos de prueba sobre la autoincriminación de Fariña. Casi con ternura hubo quien recordó que se trata  del mismo juez a quien desde el mismo programa se le atribuyera la presunta propiedad de una mansión de 1 millón de dólares que no podría justificar.

Por esas casualidades horas más tarde el organismo que conduce Ricardo Echegaray se presentó como querellante y logró, via presentación en un juzgado de La Plata, una intimación contra el financista. Casanello le pedirá ahora al fiscal Ramiro González (reemplaza a Guillermo Marijuan hasta el 25 de este mes) que requiera la instrucción. Intervendrá el Proselac, la nueva oficina para delitos de lavado creada por la procuración. Sin embargo a su regreso Marijuan también convocaría a Raúl Plee que maneja la fiscalía de delitos similares.