Desde el primer minuto Highton le reclamó a Ricardo Lorenzetti que se abstuviera de formar parte de un mecanismo de designación de jueces que en la Argentina tuvo sus mejores demostraciones con gobiernos militares.

La relación de la jueza con Lorenzetti está en su peor momento. A saber: no acompañó los fallos de coparticipación, de aval al gremio Renatre de Momo Venegas y tampoco convalidó el fallo a favor del diario La Nación por su litigio impositivo.

Para colmo, hasta habría rencillas por el cobro de ciertas regalías del nuevo Código Civil y Comercial que imprime la editorial Rubinzal Culzoni. A Highton no le gusta la idea de que Lorenzetti quiera como secretario general de la Corte a un funcionario con origen en esa empresa.

Juan Carlos Maqueda fue otro que se dedicó a conspirar con perfil bajo. Se reunió con emisarios de gobernadores peronistas que le adelantaron que habría una acción colectiva contra Macri por las designaciones en comisión.

La misma sería redactada por el constitucionalista peronista Alberto García Lema. Quienes hablan con el Presidente dicen que Lorenzetti habría jugado esa ficha en el encuentro que tuvieron en la Casa Rosada y por eso el mandatario aplazó la jura de sus dos jueces.

La legalidad de esos nombramientos podría objetarse en los tribunales con la propia letra de la Corte que en en sus últimos cuatro fallos sobre nombramiento de jueces (Uriarte, Aparicio, Rosza y Rizzo) exhibió una intepretación muy favorable a los controles sobre el proceso de selección.

La cumbre con Lorenzetti llegó a tiempo porque en el Gobierno ya se preparaban para aventurarse con otras designaciones por comisión tanto en la Cámara de Casación Penal como en la Cámara en lo Contencioso Administrativo donde el plan era revisar los concursos en trámite en el Consejo de la Magistratura y elegir candidatos para imponerlos.