Dos policías fueron denunciados por pedir coimas en nombre del juez.

El despacho del juez federal Noberto Oyarbide fue sacudido por el terremoto de la nueva denuncia que involucra al magistrado con una supuesta red policial organizada para cobrar sobornos a quienes figuren en los expedientes que allí se investigan. El viernes último al mediodía un cónclave secreto reunió a tres jueces y un fiscal para charlar acerca de si esta saga será suficiente para una vieja ambición que los cuatro comparten, que es la de sacar a Oyarbide del fuero federal.

La causa, que ya le costó la firma al influyente secretario Miguel Leiva y el despido a la secretaria Eugenia Cudet, la originó el propio Oyarbide cuando dos financistas le informaron que había investigadores de la Policía Federal pidiendo coimas para frenar allanamientos que debían ser ordenados por el juez. Escandalizado, este último hizo la denuncia y esta fue sorteada en el juzgado de José Luis Rodríguez.  Según se comento en el almuerzo reservado del pasado viernes, Rodríguez se apuró a llamar a Javier Fernández, operador de todos los gobiernos en el Poder Judicial. Para su sorpresa, Fernández no le pidió que “congelara” el expediente.

El financista Guillermo Greppi y su abogado Fernando Torres denunciaron que durante un allanamiento policías de la División de Investigaciones Federales de Organizaciones Criminales (Difoc) de la Policía Federal pidieron 2,5 millones de pesos para frenar una investigación del Juzgado Federal Nº 5.

Fernández fue quien le consiguió a Oyarbide subrogar un juzgado adicional durante años. Pero el operador ha comenzado a creer que lo del juez ya es en extremo desprolijo. Tuvo la primer señal de alarma cuando hace tres años el ex amo y señor de La Bancaria José Luis Zanola salió de la cárcel de Ezeiza (donde lo había enviado Oyarbide en la causa de la mafia de los medicamentos) denunciando que un emisario del juez le pedía coimas para “solucionar” su compleja situación procesal.

Como buen operador Fernández  conoce muchas cosas del juez, como por ejemplo la relación particular que este tiene con un gerente del Banco Patagonia que lleva sus asuntos contables y que le recomienda inversiones de distinto tipo (inmuebles, títulos, etc), como si se tratara de un magnate y no de un funcionario con sueldo del Estado. Sabe también que Oyarbide cuenta con la asesoría de un estudio de abogados ubicado en Panamá desde el cual el magistrado habría adquirido un departamento en Miami.

Si protegerlo le demanda esfuerzos extraordinarios, esta vez, podría desistir. Sabe que Ariel Lijo – y su hermano Fredy, muy amigo de Julio De vido– utilizarán el caso para dañar a Oyarbide como un vehículo para ir tras él. Los hermanos Lijo desean suceder a Fernández como principales operador del mundo judicial. De ahí la relación de ambos  con tres hombres importantes en los resortes del poder: el gobernador Daniel Scioli, el banquero Jorge Britto y el sindicalista Gerardo Martínez. A ese network se ha incorporado, hace algunos meses, el empresario Daniel Hadad que tiene una característica común con Lijo: detesta a Fernández.