Los legisladores del oficialismo porteño lograron hoy aprobar una ley que permite apelar fallos de la justicia nacional ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local, y afirmaron que así «garantizan la autonomía de la Ciudad».

Pero desde la oposición se argumentó que el objetivo es favorecer al expresidente Mauricio Macri en la causa Correo Argentino, a la que ya se le dictó la quiebra en la Justicia nacional.

A fines de junio, la Corte porteña intervino en la causa comercial por el concurso de la compañía Correo Argentino a través de un recurso que presentó SOCMA.

Los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés Weinberg  le ordenaro a la Cámara Comercial que se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad que planteó SOCMA.

La sala B de la Cámara Comercial les recordó que su intervención no está permitida ni contemplada en ninguna normativa.

«La pretensión del Tribunal de Justicia de la Ciudad de erigirse en alzada de esta Sala, habilitando un recurso no previsto por el ordenamiento que rige nuestros procedimientos, carece de fundamento normativo y no puede ser avalada por este tribunal, en tanto importa un apartamiento del principio de Juez natural consagrado por la Carta Magna en su art. 18», explicaron.

En consecuencia la ley que se aprobó en la ciudad de Buenos Aires preanuncia un conflicto de jurisdicciones que deberá dirimir en su momento la Corte Suprema de Justicia.

Los votos

Con 38 votos a favor -de los bloques Vamos Juntos, UCR-Evolución, Partido Socialista y GEN-, y 20 en contra -del Frente de Todos y la Izquierda-, se sancionó en la Legislatura porteña una modificación a la ley 402 de procedimientos ante el TSJ y lo habilita a expedirse sobre fallos de juzgados nacionales que tengan sede en la Capital Federal.

En lo formal, el proyecto que llegó al recinto se titula «modificación de la normativa vigente en materia de audiencias administrativas y judiciales», y autoriza las modalidad mixta, presencial y virtual para estos trámites.

Al respecto, la diputada María Luisa González Estevarena (Vamos Juntos), autora del proyecto de ley, dijo que se buscó «consolidar cambios que fueron impulsados por la pandemia, pero que también hicieron una justicia más ágil».

Sin embargo, agregó que su bloque incorporó al texto «dos artículos tendientes a garantizar la autonomía de la Ciudad y avanzar en la necesidad de traspasar la justicia nacional ordinaria al Poder Judicial de la Ciudad».

El rechazo

Luego, intervino en la sesión el diputado Pablo Almeida (Frente de Izquierda), y afirmó que esa modificación «se introdujo subrepticiamente para garantizar la impunidad de los funcionarios de turno».

Lucía Cámpora (Frente de Todos) dijo por su parte que el debate sobre la transferencia de competencias de la Justicia nacional a la Ciudad «no puede resolverse en la legislatura porteña, sino en el Congreso nacional».

Y agregó que, para saber «cómo impacta y cómo opera» esta modificación, repasó en qué causas se han apelado fallos de la justicia nacional ante el TSJ local.

Como ejemplo, mencionó una apelación de la empresa Repartos Ya contra un fallo de la justicia nacional en el fuero laboral que había reconocido derechos de los trabajadores de la aplicación Pedidos Ya.

Después, mencionó las apelaciones contra resoluciones de la justicia nacional, en este caso en el fuero comercial, por las causas Correo Argentino y Socma Americana, que involucran al expresidente Mauricio Marcri.

«Sincérense y no bastardeen la autonomía de la Ciudad, este proyecto tiene nombre y apellido: Mauricio Macri, que nos viene estafando hace más de 20 años y quiere ser juzgado en el TSJ porteño, donde puso a todos sus amigos», dijo.

Jueces amigos

El TSJ tiene cinco integrantes, y tres de ellos tienen vínculos con el expresidente: a Inés Weinberg de Roca la propuso Macri para la Procuración General de la Nación, Santiago Otamendi fue funcionario en el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Cambiemos; y Marcela de Langhe se desempeñó en el Instituto Superior de Seguridad Pública porteño.

En la sesión también intervino Claudia Neira (Frente de Todos), quien dirigiéndose al bloque oficialista, dijo: «Están creando un pantano judicial para que se hunda la causa del Correo Argentino».

Y agregó que, con esta nueva norma, «los abogados, a elección, decidirán a qué tribunal llevan sus causas, si a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) o al TSJ».

«Están generando un elemento más para dilatar determinadas causas», sostuvo, y agregó: «No van a encontrar en nosotros un obstáculo para discutir la autonomía de la Ciudad, pero esta ley no resuelve nada».

Luego, Martín Ocampo, del bloque UCR-Evolución, aliado de Vamos Juntos, dijo que la Constitución Nacional establece que «las provincias pueden legislar en materia procesal», y consideró de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires «es una provincia más».

La defensa

Ocampo también consideró que, por el «principio de igualdad ante la ley», quienes viven y trabajan en la Ciudad deben tener «la posibilidad de acceder a las mismas instancias judiciales que las personas de otras provincias, que pueden ir primero a los juzgados locales, después a las cámaras de apelación y, finalmente, a la corte federal».

«Estamos dando una instancia judicial más a quienes reclaman por sus derechos», concluyó.

Por último, tomó la palabra Gastón Blanchetiere (Vamos Juntos) y dijo, dirigiéndose al bloque del Frente de Todos: «Rechazan la autonomía y las urnas lo demuestran».

Y agregó: «A diferencia de la justicia federal, la justicia nacional aplica derecho común, y esos aspectos procesales le corresponde a las provincias. La CSJN ya dijo que la CABA tiene las mismas aptitudes que una provincia».

Blanchetiere, al concluir su discurso, dijo que la nueva norma es un «aporte a la autonomía y a la seguridad jurídica en la Ciudad».