Lorenzetti otra vez en la mira.

La diputada de Cambiemos Elisa Carrió (Coalición Cívica) concretó hoy en la Cámara baja la presentación del pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por «mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones». Personal de Mesa de Entradas de la Cámara informó que a las 13.45 ingresó el proyecto de Resolución con el pedido de enjuiciamiento contra el titular del alto tribunal, que lleva el número de expediente 1.438.}

La presentación consiste en un escrito de 84 páginas en los que fundamenta acusaciones por mal desempeño, violación de los deberes éticos y la probable comisión de delitos por parte de Lorenzetti y considera que el titular de la Corte no cumple con las condiciones de decoro y morales que exige la investidura del cargo que ejerce.

El pedido destinado a lograr la destitución de Lorenzetti se realizó en conformidad con lo dispuesto por el articulo 53 y concordantes de la Constitución Nacional y su trámite se debe realizar en la comisión de Juicio Político que preside el diputado Álvaro González (PRO).

Carrió sostiene en el proyecto que «el inicio de este juicio político tiene como objetivo terminar con las mafias enquistadas en las instituciones de la República, en este caso en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia».
En ese aspecto, dice coincidir y compartir «con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en la necesidad de terminar con el comportamiento mafioso y en la batalla que debemos emprender para sacarlos del poder, ese que muchas veces es usado para extorsionar y erosionar los cimientos de la República».

En un comunicado de prensa previo a la presentación, Carrió anticipó que el pedido de juicio político contra Lorenzetti «será ampliado en su oportunidad con el análisis del rol del actual presidente de la Corte en la implementación de los seguros ambientales, así como de su vinculación con las empresas aseguradoras que prestan el servicio».

Dice que «entonces se entregará la documentación que prueba hechos de gravedad institucional y un análisis sobre la matriz de relaciones que incluyen sociedades secretas a fin de cooptar a sectores importantes del Poder Judicial en beneficio de intereses empresarios, corporativos y sindicales, con el fin de garantizar la impunidad».

La diputada propone a la comisión de Juicio Político que cite a declarar como testigos, entre otros, a los jueces María Servini de Cubría y Ariel Lijo; al ex senador Mario Cimadevilla; al ex secretario general de la Presidencia Carlos Zannini y al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido.

También al actual titular de la Auditoría General de la Nación, Oscar Lamberto, y a su antecesor, Leandro Despouy; a la legisladora porteña por la CC-ARI Paula Oliveto y al gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.

Como posibles causales para la destitución de Lorenzetti, vía juicio político, Carrió cita «el aparato de inteligencia paralelo que está construyendo a través del sistema de escuchas, de peritos y a través de la nueva asistencia judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado» que «queda a cargo de personas con relaciones de amistad y de otra naturaleza con el Presidente de la Corte».

También la diputada menciona el supuesto «manejo discrecional de los bienes decomisados en manos de la Corte a costa de la lucha contra el narcotráfico», que se utilizarían «para gastos» del tribunal y habla de «sombríos intereses en la provincia de Salta» de Lorenzetti.

Por otra parte, el pedido analiza la supuesta relación entre Lorenzetti y el juez Raúl Reynoso, procesado en diciembre de 2015 por la justicia por haber beneficiado a narcotraficantes, pero quien, recuerda, «dos meses antes, en octubre de 2015» había conformado la comisión judicial de lucha contra el narcotráfico que armó el titular de la Corte.

Carrió, quien viene denunciando públicamente a Lorenzetti desde tiempo atrás, argumenta a su vez irregularidades en contrataciones de la Corte; manejo irregular y discrecional de la obra social; irregularidades e inconsistencias en la formulación y ejecución del presupuesto y ausencia de los deberes éticos por «la designación y asignación arbitraria del personal».