Canicoba Corral está a cargo de la causa.

En la Justicia hay una investigación penal en marcha para determinar si el Gobierno de Mauricio Macri puso en marcha una enorme operación para investigar a jueces que tuvieron participación en causas en las que estuvieron involucrados ex funcionarios de la administración anterior.

La investigación está a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, uno de los más veteranos del fuero, y trata de determinar si hubo actos de espionaje sobre el juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, además de jueces federales y de tribunales orales, reveló este miércoles el sitio El Destape.

“Al menos 21 magistrados fueron víctimas de actividades de inteligencia ilegal por parte del Gobierno, ejecutada desde distintos organismos públicos. A Maqueda e Irurzun hay que agregar a los espiados a buena parte de Comodoro Py, lista que incluye a la jueza de la Cámara de Casación Ana Figueroa, al camarista Mariano Llorens y a los jueces de primera instancia Luis Rodríguez, Daniel Rafecas, Sebastián Casanello, María Eugenia Capuchetti, María Romilda Servini y al propio Canicoba Corral. Éste último, como está a cargo de la investigación, separó su caso del resto y lo mandó a sorteo. Le tocó a la “Chuchi” Servini de Cubría. A ellos se suman jueces de tribunales que están a cargo de juicios de alto impacto, como Sabrina Namer, Nicolás Toselli, María Gabriela López Iñíguez, Ángel Gabriel Nardiello, Sergio Adrian Paduczak, Javier Feliciano Ríos y José Martinez Sobrino. Y la lista sigue con jueces del fuero penal económico como Marcelo Aguinsky, Javier López Biscayart, Pablo Yadarola y Claudio Gutiérrez de la Cárcova”, consignó el sitio.

Hasta el oficialista diario Clarín se hizo eco de la revelación y consignó que las tareas de supuesto espionaje o averiguaciones de movimientos de los jueces se habrían hecho a través de diversos organismos del Estado como la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) o la Unidad de Información Financiera (UID).

“De acuerdo a documentos de la causa, existirían resultados de requerimientos judiciales expedidos a múltiples entes del Gobierno nacional que tienen acceso a las claves de Migraciones, que permiten conocer las entradas y salidas del país de todas las personas que hayan cruzado fronteras de modo legal. Siempre de acuerdo a la versión del documento al que accedió Clarín, entre quienes fueron consultados, desde varios organismos vinculados a la Seguridad, como también la AFIP o la Unidad de Información Financiera (UIF), entre muchos otros entes con decenas de funcionarios que pueden acceder a la base de datos de Migraciones”, indicó Clarín. 

El diario agrega que los requerimientos sobre los movimientos de los jueces comenzaron a ser investigados por la justicia federal a partir de una nota publicada por el principal columnista del diario La Nación, Carlos Pagni, quien también en su momento estuvo procesado por obtener información secreta de inteligencia.

“El expediente empezó a estudiarse tras una nota publicada por Carlos Pagni, en La Nación, titulada “El pestilente círculo negro del espionaje”, donde se nombran a distintos actores del mundo de la Inteligencia Nacional que habrían sido «objetivos» de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en acciones impulsadas sin orden judicial”, agrega el diario.

El juez Canicoba Corral les pidió a todos los organismos del Estado que estarían involucrados en la maniobras de espionaje le comuniquen “en el marco de qué investigación y con intervención de qué Magistrado, se dispuso ingresar la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones y obtener información de salidas al exterior”.

El Destape consigna además que el 27 de septiembre, el fiscal Ramiro González emitió un dictamen en el que afirmó que busca desentrañar si desde esas dependencias estatales “se desplegaron actividades de espionaje e inteligencia ilegal”. 

Canicoba Corral requirió a la Dirección Nacional de Migraciones que “informe si hubo solicitudes de información migratoria en los últimos dos años” respecto de presidentes de ambas Cámaras del Poder Legislativo, los presidentes de los distintos bloques parlamentarios de Senadores y de Diputados, “ministros del PEN y de la provincia de Buenos Aires; gobernadores de todas las provincias y el jefe de gobierno de CABA; el director y subdirectora de la AFI” y hasta el periodista Carlos Pagni y Gustavo Vera, de la Alameda.

En la causa que lleva adelante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, ya se descubrieron maniobras similares que había realizado el falso abogado Marcelo D´Alessio, quien junto al fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone habían pedido informes a la dirección de Migraciones. En ese expediente también se habló de espionajes a abogados y hasta jueces de la Corte Suprema de Justicia.