La ministra de Justicia y el Presidente Fernández.

Luego de la campaña lanzada desde la oposición, los medios hegemónicos y en las redes sociales, el presidente Alberto Fernández tuvo que salir a aclarar que el Gobierno no busca una salida masiva de presos de las cárceles como consecuencia del coronavirus y que esa decisiones están en manos de la Justicia.

«Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados», señaló el Presidente en su cuenta de Twitter.

Remarcó que «Argentina, como todo el mundo, enfrenta una pandemia de enormes proporciones» y «el riesgo de contagio se potencia en los lugares de mucha concentración humana por lo que las cárceles se convierten en un ámbito propicio para la expansión de la enfermedad».

«Organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han formulado recomendaciones para evitar que el hacinamiento en las cárceles ponga en riesgo la vida de los reclusos», enfatizó Fernández.

Campaña mediática

Además, afirmó que «en el mundo, muchos gobiernos han dispuesto libertades tratando de minimizar ese riesgo» y sostuvo que «algunos han conmutado penas, otros han indultado condenas y otros han dejado el tema en manos de la Justicia».

«En Argentina la solución del problema está en manos de los tribunales. Son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades. Las cámaras de casación han hecho muy oportunas recomendaciones para hacer frente al problema», recalcó.

El mandatario aclaró también que formula «estas aclaraciones tan solo ante la malintencionada campaña que se ha desatado en redes y medios de comunicación induciendo a hacer creer a la ciudadanía que el Gobierno prepara una salida masiva de gente detenida en virtud de procesos penales.

«Lamento la conducta de quienes en circunstancias tan cruciales como los que vivimos, muestran su poco apreciable condición humana intranquilizando a la sociedad en momentos en que precisamente más necesita ser contenida», puntualizó.

La palabra del juez

Mientras tanto, el presidente del Tribunal de Casación Penal bonaerense, Víctor Violini, dijo hoy que la decisión de otorgar prisiones domiciliarias a los detenidos incluidos en grupo de riesgo de contraer coronavirus tiene como fin «preservar la vida» y advirtió que si no se descomprimen las cárceles de la provincia «se van a infectar 50 mil presos».

El magistrado de la Sala I de ese tribunal es quien el 8 de este mes hizo lugar a un habeas corpus masivo presentado por los 19 defensores oficiales bonaerenses que invocaron la situación de hacinamiento y de inhabitabilidad de comisarías y penales para los detenidos de más de 65 años o con patologías que los incluyen en grupo de riesgo.

«El bien jurídico número uno protegido por el Derecho es la vida», manifestó Violini en diálogo con radio La Red, aunque aclaró que «sólo pueden acceder al arresto domiciliario aquellos que tengan delitos leves».

El camarista explicó que las decisiones sobre arrestos domiciliarios se toman teniendo en cuenta «la lista de detenidos que se encuentran dentro de los grupos de riesgo ante el coronavirus que mandan los ministerios de Justicia y de Seguridad» de la provincia y dijo desconocer que hayan sido liberados 2.300 detenidos.

«De los 300 habeas corpus que se presentaron salieron 20 favorablemente», expresó el camarista, quien agregó: «No sé de dónde salió ese listado que está circulando», en referencia al número anterior.

Cuántos salieron

Desde que Violini firmó la acordada, se presentaron 2.400 pedidos de defensores públicos para que se den prisiones domiciliarias o morigeraciones de las prisiones para detenidos en situación de riesgo de contagio, y de ese total se otorgaron aproximadamente 1.400.

Al momento de evaluar la decisión tomada, Violini advirtió que si no se descomprimen las cárceles «se van a infectar 50 mil presos, y eso va a hacer explotar el sistema sanitario».

«Si la pandemia ingresa a las cárceles, cosa que va a suceder, se va a tardar entre un mes y medio y dos meses en contagiar a todos los presos. Si tengo 50 mil infectados de coronavirus, ¿qué hago? ¿Los dejo morir? Les tengo que dar asistencia sanitaria, porque en los penales no hay posibilidades de internar a nadie», expresó.

Violador beneficiado

Al ser consultado sobre el beneficio del arresto domiciliario a un hombre de 67 años con prisión preventiva en una causa por la violación de una menor, afirmó que «estaba alojado en una comisaría con neumonía y postrado» y, por ello, integra el grupo de riesgo.

El acusado es Pedro Olmos, a quien se le atribuye la violación de una vecina de 13 años en el cumpleaños de su nieto y quien estuvo prófugo durante cinco meses hasta que fue detenido en la puerta de su casa.

«La defensa presentó un habeas corpus explicando que el detenido no está alojado en el Servicio Penitenciario sino en una comisaría de Burzaco bajo condiciones de hacinamiento, sin tratamiento médico, que sufre neumonía, hipertensión y, que además, tiene osteoporosis, por lo que está postrado en una cama sin posibilidad de movilizarse por sí mismo», explicó Violini.

El magistrado añadió al respecto que se concedió el habeas corpus, aunque se dejó el caso «en manos del juez de Lomas de Zamora, en el distrito donde está la comisaría, para que verifique el estado del interno».

El 8 de abril último, el Tribunal de Casación Penal bonaerense ordenó que puedan acceder al arresto domiciliarios los presos que integran el grupo de riesgo de contraer Covid-19, es decir personas de edad avanzada o con patologías preexistentes, mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las Unidades Penitenciarias.