La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó este lunes la resolución que dispuso el procesamiento de Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior, y de otros dos imputados, por el delito de abuso de autoridad de funcionario público.

Es en la causa iniciada por el ex funcionario Jorge Todesca, titular de la consultora Finsoport, por haber sido multada, según la acusación, de manera irregular. La consultora había sido multada por Moreno, cuando aún era secretario de Comercio, por haber difundido datos de inflación diferentes a los del Indec.

De esta manera, la Sala II ratificó el procesamiento de Moreno dictado en primera instancia por el juez Claudio Bonadío, a raíz de la multa que el funcionario aplicó contra la consultora Finsoport, del economista Todesca, quien fue viceministro de Economía durante la presidencia transitoria de Eduardo Duhalde.

Por esta causa, diputados de la oposición habían solicitado a Bonadío que prohibiera la salida del país del ex funcionario, designado como agregado económico de la Embajada Argentina en Italia. No obstante, a raíz de esa presentación, Moreno se comprometió a estar disponible de la Justicia cada vez que ésta lo requiera.

En la resolución, los camaristas instaron a que Bonadío mande a juicio a Moreno con la mayor rapidez posible. «Están dadas las condiciones para que la situación de Moreno, Adalberto Gabriel Rotella y Fernando Antonio Carro avance decididamente hacia la etapa de debate», resaltó la Cámara.

«El delito de abuso de autoridad, por el que se responsabilizó a Guillermo Moreno, Carro y Rotella, se configura cuando el funcionario público, dolosamente, dicta órdenes o resoluciones atribuyéndose una facultad que ni las constituciones ni las leyes le confieren», explicó el fallo.

Los camaristas reprocharon al exsecretario que en el caso en cuestión «no se dio intervención a un área destinada a dictaminar sobre ese tipo de asuntos, máxime cuando en el ámbito del Ministerio de Economía existía la Dirección de Legales del Área de Comercio Interior», cuyas funciones incluyen las de «asesorar jurídicamente a las autoridades de la Secretaría de Comercio en los aspectos técnico-legales de las cuestiones planteadas en el ámbito de ese organismo».