El juez federal Claudio Bonadío pasó en las últimas horas a ocupar el centro de la escena: el Consejo de la Magistratura decidió hoy impulsar una investigación en su contra, mientras que casi al mismo tiempo el magistrado decidió elevar a juicio oral una causa contra el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno.
En lo que se asemeja a un partido de truco en el que los contrincantes se anulan jugando una carta cada vez más alta, el juez de origen peronista, pero declarado antikirchnerista, tuvo un protagonismo creciente por la alta exposición de los casos que se tramitan en el fuero federal.
Bonadío decidió, según trascendió hoy, cerrar el sumario contra el ex secretario de Comercio acusado de abuso de autoridad como consecuencia de la multa que impuso a la consultora Finsoport, de Jorge Todesca, a raíz de medir en forma paralela los índices de precios al consumidor que realiza el Indec.
El fiscal Ramiro González había pedido que Moreno fuera a juicio oral y público algo que ratificó Bonadío. En esa misma causa van a juicio los funcionarios Fernando Carro y Adalberto Rotella.
Bonadío rechazó los planteos de nulidad de la defensa de Moreno contra la elevación a juicio y consideró que son evidentes los «afanes del letrado por frenar a cualquier costo el normal progreso del trámite», con lo cual decidió clausurar la instrucción de la causa y disponer que pase a etapa de debate oral.
Esta misma semana se inició además el juicio oral por la tragedia de Once, investigación que llevó adelante Bonadío y que concluyó con 29 imputados, entre los que se encuentran los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
A raíz de su actuación en ese expediente, el abogado Gregorio Dalbón dijo que Bonadío “estaba jugando para Massa”, al dar a entender que esa era su intención al llevar a los ex funcionarios del Gobierno a juicio oral.
La respuesta del kirchnerismo llegó hoy, en el Consejo de la Magistratura. La Comisión de Disciplina y Acusación resolvió hoy dar los pasos necesarios para citar a Bonadío, por una acusación por «mal desempeño». La decisión fue tomada a instancias de una propuesta planteada por los consejeros oficialistas Julián Álvarez, Eduardo de Pedro, Carlos Moreno, Ada Iturrez y Manuel Urriza.
En su planteo, el consejero representante del Poder Ejecutivo, Julián Alvarez, pidió que se cite a Bonadío a la luz del artículo 20 del reglamento de la Comisión, teniendo en cuenta que ya se le había dado la posibilidad de realizar su descargo en esta causa, cuando fue citado por el artículo 11 en julio del 2011 y no concurrió.
Por seis votos a favor contra dos, primó la postura de citar a Bonadío según el artículo 20 al seno de la Comisión, por la misma denuncia por la que el magistrado no respondió cuando fue convocado por primera vez, hace casi tres años.
Se trata de una presentación realizada ese año por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que le endilgó a Bonadío «demoras excesivas e injustificadas» en la tramitación de dos causas por hechos de corrupción.
«En ambos casos, se trata de la ausencia de investigación de hechos de corrupción muy graves; uno de ellos tiene que ver con la estafa que se habría producido en la compra-venta de las acciones de la empresa Tandanor; en la otra, se ventila un hecho de corrupción en la que estuvo involucrada la firma Yoma S.A.», señala el expediente.
En este sentido, consigna que, en el caso vinculado a la empresa Tandanor, «transcurrieron más de cinco años entre el primer llamado a indagatoria y el cierre de la etapa instructoria, y casi tres años entre el requerimiento de elevación a juicio y la resolución que así lo dispone».
Además, agrega que en ese período no se registraron «actos procesales válidos, que demostraran la voluntad de juez de avanzar en la investigación».
En tanto, en relación a la causa que involucraba a Yoma S.A., el expediente plantea que «transcurrieron cinco años entre el inicio de la causa y la citación a indagatoria, y otros cinco para su radicación ante un Tribunal Oral».