Por Alejandro Bercovich

Antes de dar la señal de largada para el blanqueo de capitales, Alberto Abad decidió deshacerse de una bomba que amenazaba con estallar en sus manos y que ahora deberán desactivar a una cuadra de su despacho. Preocupado por su seguridad, el director de la AFIP había ordenado blindar el Volkswagen Vento que le asignaron ofi cialmente. Pero una vez encargada la tarea, alguien en su equipo descubrió que se había encomendado vía licitación privada a cambio de $350.246 a Dietrich S.A., la concesionaria fundada por el padre del ministro de Transporte y en cuyo directorio se sentó el propio Guillo hasta agosto de 2009, cuando asumió como subsecretario porteño. La jefa de Compras, Cecilia Trabucco, advirtió de inmediato a la empresa que anularía el contrato porque incumplía el artículo 54 de la disposición 297/03 del organismo recaudador, que impide a familiares de funcionarios proveerle servicios o venderle bienes. Cuando pidió que le devolvieran el Vento, la compañía respondió que ya lo había terminado. Sin marcha atrás posible, Trabucco procuró saldar el diferendo con una multa llamativa por lo modesto: $5.000.

El episodio sería anecdótico si Dietrich S.A. no se hubiera convertido en el proveedor más requerido por los intendentes macristas del Conurbano a la hora de equipar sus patrullas municipales. El de 3 de Febrero, Diego Valenzuela, todavía no informó a los concejales opositores cuánto pagó por las 32 Toyota Hilux y los cinco Volkswagen Polo que pasaron por el taller de Villa Adelina. El de Vicente López, Jorge Macri, cuyas nuevas patrullas vecinales también fueron blindadas allí el mes pasado, acaba de ver allanada su sede comunal (a pocas cuadras de donde duerme su primo Mauricio) a pedido del juez Juan Manuel Culotta, que investiga la compra de la tanda anterior, en 2014, en la concesionaria Treos, propiedad de su hermana Daniela Macri.

En Dietrich S.A. procuraron encapsular la advertencia y la multa de la AFIP, fi jada el 5 de julio pasado, porque el próximo lunes empieza a disputarse el premio mayor: el blindaje de 450 patrulleros Toyota y 36 vehículos de alta gama de la misma marca para la policía bonaerense, donde se les pidió presupuesto junto a otros tres proveedores que también compulsarán en una licitación privada. El management que encabeza Hernán Dietrich esgrime el mismo argumento que los voceros de su hermano consultados por BAE Negocios: que la ley de Ética Pública no excluye a la empresa de los contratistas elegibles por el Estado, dado que el ministro lleva más de tres años sin ser su directivo ni accionista. A su juicio, nada le impide alzarse con el negocio de la Bonaerense ni ofrecerle el mismo trabajo a Patricia Bullrich para los 600 patrulleros que planean poner en la calle las fuerzas federales en los próximos meses.

Las denuncias cruzadas de corrupción en torno a los pertrechos policiales no podrían llegar en un peor momento, con el jefe de la Bonaerense acusado de “cómplice de narcotraficantes” por una aliada clave de Macri como Elisa Carrió y con el ministro Cristian Ritondo cruzado por las disputas territoriales entre comisarios que todavía parecen responder más a su antiguo jefe, Alejandro Granados, que a él. Ritondo solo se mantiene en el cargo gracias al respaldo de María Eugenia Vidal, quien desoyó varios pedidos desde la Rosada para que lo reemplazara. Quizá el malestar en la tropa arrecie cuando los agentes de calle se enteren de que, por falta de presupuesto, a los 450 patrulleros Toyota (250 Hilux y 200 Etios) se les blindarán solo el parabrisas y la puerta del conductor, y no todo el carrozado como a los 36 “no identificables” que usará la cúpula de la fuerza.

Hiperventilados

El amateurismo político del que hacen gala ciertos sectores del Gobierno para mostrarse como la contracara del peronismo y la vieja política ya no rinde tanto como en campaña. Y empieza a oler a candidez. Al jefe de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, le jugó en contra no haber sabido rodearse de leales para encarar su cruzada contra los corruptos en un ente donde abundan desde hace décadas y donde aceitaron sus prácticas en los últimos años. Por eso en las últimas horas amenazó con renunciar, tras el escándalo -por ahora contenido- que generó la venia de un colaborador suyo al ingreso de varios contenedores con importados que permanecían demorados en depósitos fiscales.

Otro Juanjo más conocido que Centurión, el ministro de Energía, no dudó en compartir con un sindicalista que acababa de insultarlo en público los detalles de una interna ya demasiado ventilada. Fue en la casa del presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, el 12 de julio pasado, donde Aranguren se encontró con el jefe de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo. El encuentro, revelado por el diario La Nación el sábado siguiente, fue propiciado por Melconian luego de que el bancario le recomendara en un acto gremial ir “a hacer prueba y error con la puta madre que te re mil parió”. Palazzo le pidió disculpas al ministro por haberse referido a su progenitora extinta, pero le ratificó sus críticas al tarifazo energético. Distendido, Aranguren cambió rápido de tema y se explayó sobre cómo Macri había ninguneado a Alfonso Prat-Gay en la reunión de gabinete de esa semana.

En la cena posterior a ese encuentro, de la que no participó Aranguren, Palazzo consultó al jefe del Nación por el tono crítico de los informes de Macroview, la consultora que él fundó y que ahora dirige su socio y alter ego Rodolfo Santangelo. “Parecen opositores”, bromeó. Melconian volvió entonces a criticar lo que considera un ajuste fiscal demasiado tibio por parte de Prat-Gay y justificó los oscuros pronósticos de Santangelo en la necesidad de cuidar la credibilidad de ambos para el momento de su regreso al ámbito privado.

El ministro de Hacienda buscó cobijo esta semana en Elisa Carrió, con quien compartió una conferencia donde volvió a admitir errores ajenos (o sea, de Aranguren) en el reajuste de tarifas. El resultado: puro desgaste mutuo. Aunque a la hora de elegir entre ambos Macri haya optado por el ex CEO de Shell, ninguno tiene una silla permanente en la “mesa examinadora” de Olivos, a la que algunos también se refieren como la “mesa política”. Además del Presidente, los únicos que se sientan siempre allí son Marcos Peña, Rogelio Frigerio, Ernesto Sanz y Emilio Monzó. Sus citas no se interrumpieron tras el duro entredicho entre Monzó y Peña que reveló esta columna el viernes pasado, ni luego de que el narcotraficante Ibar Perez Corradi acusara a Sanz de haber cobrado para impulsar la destitución de un juez.

Desilusiones

Otra mesa de Olivos, la llamada “chica chica”, solo nuclea a Macri, Jaime Durán Barba, Carlos Grosso y Nicolás Caputo. El exintendente menemista a quien Adolfo Rodríguez Saá debió echar de su gabinete tras un cacerolazo durante el agitado diciembre de 2001 nunca dejó de colaborar con Macri desde su salto de Boca a la política. El compañero del colegio Cardenal Newman del Presidente, en cambio, empezó a espaciar sus visitas a Olivos y a pasar cada vez más tiempo fuera del país. Teme que, como le pasó a Alfredo Yabrán, las internas entre el mandatario y alguno de sus ministros díscolos empiece a librarse en sus heredades.

Caputo ya avisó que el año próximo no tendrá el rol que ocupó en la exitosa campaña de 2015 y en las anteriores del macrismo en la Ciudad: el de recaudador informal de fondos electorales. También declinó ese puesto Edgardo Cenzón, el ministro de Infraestructura de Vidal que lo secundó en la faena mientras ocupaba la cartera de Espacio Público capitalina. Es un problema meridiano para el oficialismo: pese a que ahora controla las tres cajas públicas más importantes del país, hay gastos que los estrategas del marketing electoral necesitan hacer en efectivo y sin demasiados controles.

Los empresarios más poderosos tampoco parecen dispuestos a comprar mesas enteras en cenas de recaudación de fondos de campaña como hicieron el año pasado en La Rural. No ven señales de la recuperación prometida por Macri y encima se los señala crecientemente como responsables por el pico de inflación y la ola de despidos. El malestar cunde en los rubros fabriles que el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, llamó esta semana a “reconvertirse”, en una eufemística invitación a cerrar. Algunos ya entendieron el mensaje: la mayor hilandera del país, TN Platex, suspenderá desde hoy por dos meses a los 450 operarios de sus dos plantas más modernas, ya sin capacidad para acumular stocks por el desplome de ventas.

La CGT, en tanto, pateará hoy el tablero con un documento crítico previo a su reunificación del 22, cuando la nueva conducción decidirá la fecha del paro general previsto para fi nes del tercer trimestre. Según los popes sindicales que pudo consultar este diario, la devolución de los fondos de las obras sociales que le permitió a Macri reunir a muchos de ellos en la Rosada no alcanza para aplacar los reclamos de las bases por el 10% de poder adquisitivo que perdieron los sueldos en promedio desde noviembre. Por eso la semana pasada, en una reunión de gabinete social coordinada por Mario Quintana, Jorge Triaca reveló que ya empezó a negociar bonos de fin de año con los gremios cuyos salarios quedaron más rezagadas frente a la inflación. Su condición: que sean por única vez y no impliquen reabrir las paritarias.

Fuente: BAE