Berni tiene su propio podio de derechos.

“En esta provincia el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada son innegociables”, se escucha decir al ministro Sergio Berni, en spot difundido la semana última.

Junto a una percusión machacante y de épica combativa hollywoodense, el breve mensaje indica que sólo este año fueron presas 524 personas por 868 tomas de terrenos, y cierra con un slogan: “Tolerancia 0 al delito”.

El ministro, además de funcionario y médico cirujano, es abogado.

Desde esa perspectiva, la simplificación citada al inicio de estas líneas se asemejan más a una omisión de cuestiones deliberada que a un concepto emitido por alguien que, se supone, conoce el derecho vigente.

Presumiblemente, lo efímero de los mensajes en las redes sociales condiciona al contenido y solamente sea una estrategia de marketing político, pero bien vale detenerse en algunos aspectos inherentes a la cuestión.

La enumeración de Berni no parece estar ordenada según su importancia. Sin embargo, lo que la convierte en errónea es que califique a esos derechos como “innegociables”.

Estrategia discursiva

Siendo abogado, debe presumirse que soslaya adrede y como parte de su estrategia discursiva que buena parte de los sucesos que motivan la intervención de la justicia son los conflictos, generalmente entre particulares, y que justamente los poderes judiciales resuelven en torno a una colisión de derechos.

No son absolutos y por lo tanto tampoco no negociables.

No obstante, sí corresponde señalar que la inclusión de la propiedad privada en el podio de derechos del ministro es una expresión de deseos, cuando en realidad se asemeja más al desempeño de la escudería Ferrari en la temporada actual de la Fórmula 1.

El sistema internacional de derechos humanos y el americano en particular, cuyas decisiones, directivas y normativa reconoce la Argentina -y debiera implementar más- hace tiempo que reconoce a la dignidad humana como la característica más trascendental del derecho, que atraviesa a todas sus ramas. Incluso en tiempos de pandemia.

De manera que la enunciación del médico es una política a secas que puede compartirse o no, pero que en muchos casos excederá a los poderes ejecutivos, sin que ello implique hacer un elogio de la judicialización de la política.

Ultimo recurso

Por otro lado, está hartamente asumido, en buena parte de quienes se abocan a las ciencias jurídicas y criminológicas desde una perspectiva menos punitivista, que debe recurrirse al derecho penal como “última ratio”.

Es decir, como último recurso, puesto que su especificidad es la pena: una “solución” que siempre llega tarde y cuando el conflicto ocurrió.

Su finalidad y efectividad, en la vertiente más gravosa como es la prisión, jamás pudo ser comprobada, sino tan solo justificada. Las 524 personas detenidas a las que alude el ministro, además de una cifra, son eso: personas.

Con sus propias historias de vida y, posiblemente, sus propios dramas. Su aprehensión por parte de las fuerzas de seguridad bonaerenses no conlleva consecuencias jurídicas por sí misma y mucho menos soluciones.

Es apenas el inicio de un derrotero judicial, que tiene como marco la superpoblación de cárceles y detenciones en comisarías, cuyas condiciones inhumanas fueron reconocidas por la Corte Suprema de Justicia hace 15 años.

Parece obvio, pero no está de más recordar que serán otros sectores del estado quienes definirán si en las “tomas” citadas por el representante de la cartera de Seguridad hubo delitos. Principio de inocencia, que le dicen.

No es novedad

La “Tolerancia 0” no es una ecuación novedosa. Desde mediados y fines de los años ’70 y la década siguiente en los Estados Unidos y Gran Bretaña, fórmulas como esa o “volver a lo básico”, la “guerra al delito” y “mano dura”, esencialmente discriminatorias, formaron parte de una vertiente criminológica que Ignacio Anitua definió como “realismo de derecha” en su trabajo “Historia de los pensamientos criminológicos”.

Los autores allí nucleados se pronunciaron en un contexto en el que se producía el Consenso de Washington y entraba en crisis el estado de bienestar, junto a la expansión del derecho penal entendida como el aumento de las penas, de la población privada de la libertad y la creación de nuevos tipo penales.

Cuestiones aquellas que luego se trasladaron a América Latina.  

Desde esta perspectiva, el discurso de Berni se emparenta con el de su predecesora a nivel nacional Patricia Bullrich.

Pero sobre todo, va a contramano de las circunstancias actuales incluso a nivel global, en el que los estados vuelven a intervenir fuertemente, no sólo en la economía, para dar respuestas a la crisis.

En el acceso a la vivienda, la interdisciplina y la articulación por fuera del derecho penal son herramientas indispensables para avanzar en ese sentido.