El titular de la Fiscalía N°14, Andrés Madrea, presentó esta mañana el recurso de apelación ante el Juzgado 48, a cargo de la jueza Alicia Iermini, quien el pasado 11 de junio ordenó el sobreseimiento de Martín Farrell y Pablo Saikauskas en el marco de la causa por el derrumbe del boliche Beara en septiembre de 2010.

Farrell, ex director General de Habitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, había sido citado a declarar en el marco de la causa por el derrumbe del local bailable ocurrido en septiembre de 2010 y la muerte de dos jóvenes luego del desplome de un entrepiso.

El representante del Ministerio Público apeló también los sobreseimientos del ex director de la Dirección de Habilitaciones y Especiales de la Dirección Habilitaciones y Permisos del GCBA, Pablo Saikuskas, y de los socios de la firma que administraba el local Juan Carlos María Yun, Agustina Dobrila, Roberto Martín Kattan Coria, Iván Andrés Fliess y Ronaldo Fliess.

Según el fiscal, la decisión de la jueza fue un “agravio” debido a “la falta de fundamentación”, respecto a la “desvinculación de Farrel y Saikauskas de las conductas ilícitas impuestas”, ya que, para Madrea, se advirtió con «meridiana claridad” que ambos “incumplieron con las obligaciones inherentes a sus cargos, en violación a las normas que regulan su actividad”.

A su vez, el representante del MPF sostuvo que Iermini confundió las áreas de Habilitación con las de Fiscalización, “pretendiendo exculparlo por las supuestas faltas de la encargada de la inspección de uso (Vanesa Bercovsky, a quien Iermini ordenó su proesamiento), sin explicar cómo una y otra pueden excluirse”.

La Fiscalía advirtió «aquella confusión desde siempre, y puso blanco sobre negro marcando con claridad que lo que se derrumbó fue el entrepiso mal construido y peor verificado (lo que ocasionó las muertes y lesiones de manera directa), y esto era responsabilidad primaria y exclusiva de habilitaciones (Mustapich, Rasdolsky, Cassano, Saikaukas y Farrell) ya que su naturaleza versa sobre el control y la verificación o fiscalización de la habilitación especial como tal, incluida específicamente la parte edilicia (causal objetiva que devino en el resultado mortal y que es la obligación de prevención especifica que tiene el funcionario a cargo), antes y después de la ampliación de rubro (y por ello se pide certificado de sobrecarga, planos, perito verificador de la construcción, etc.) y no era tarea de la nombrada».

Además, consideró que las «funciones específicas hacen solo a la fiscalización de uso y explotación nocturna del lugar (que puede constituirse en otro factor de riesgo vinculado al resultado) pero que no se vinculan directamente con la eventual inspección constructiva del entrepiso o su estado. Habilitarlo para determinada actividad incluye revisar la construcción que falló antes de habilitarlo, y también periódicamente, en los aspectos edilicios de sus estructuras y de superficie de resultar su uso conforme, era responsabilidad de Farrell y los funcionarios a su cargo; usar para otra cosa el lugar que ya se habilitó era lo que debía controlar Bercovsky (la entonces titular de la Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad) por medio de sus inspectores”.

En el escrito, Madrea advirtió que “los funcionarios municipales tanto de habilitaciones como de fiscalización, cada uno en su materia, ostentan la autoridad de prevención pública especifica que la deben desarrollar conforme la normativa que les compete. Por lo tanto, las responsabilidades de Farrell, Saikaukas y Bercovsky no son excluyentes ni dirimentes una de otras y bien cada uno por su lado podría ser un factor a los efectos de la evitación del resultado mortal pues el hecho que inicialmente el entrepiso haya sido mal construido por los privados y peor verificado por los funcionarios públicos de habilitaciones mediante abonos ilegítimos no se controvierte de ninguna manera con que además pudieran fallas en el control de uso ilegal del lugar”.

El fiscal destacó que, sin embargo, la jueza se convenció de la existencia de “cometas” para sostener el acuerdo venal entre los socios explotadores y el Inspector Mustapich y Cassano,debido a las pruebas presentadas que “no dejan dudas” de que esos pagos de “cometa” y “comisión” eran para los gestores.

En esa línea, el representante del MPF afirmó que “un pago de esta naturaleza sólo posee razón de ser si es dirigido a quien puede brindar una contraprestación al efecto” y, precisamente, lo que los socios explotadores pretendían con la ampliación de rubro a “casa de fiestas privadas” era dar soporte legal a la fachada de seguir funcionando como local de clase C clandestino y poder brindar shows musicales en vivo “para que los inspectores de fiscalización a cargo de Bercovsky no lo clausuraran nuevamente”.

En cuanto a Farrel, no sólo está acusado de violar sus obligaciones como funcionario al haber habilitado el local nocturno, sino que también se extendió al haber omitido las verificaciones edilicias periódicas a las que obliga la normativa.

El boliche Beara funcionaba por lo menos desde agosto de 2009 desarrollando una actividad que requería de la autorización previa. Sin embargo, desde antes operaba como bar/restaurante y de manera clandestina como local de baile y recitales en vivo, utilizando entrepiso. «Cualquier inspección edilicia en tiempo oportuno realizada sin los conocidos fines espurios hubiera conducido a impedir su continuidad», concluyó el fiscal.

Desde el mediodía, la Legislatura Porteña trata en una audiencia pública el pliego de candidatura a juez de la Ciudad, Martin Farrell, propuesta por el macrismo. En la sala, se encuentran representantes de las principales fuerzas políticas y familiares de las víctimas del derrumbe en el boliche.

Fuente: Fiscales.gob.ar