Stornelli en el juzgado de Dolores.

La organización integrada por el fiscal federal Carlos Stornelli utilizó un sofisticado mecanismo denominado bandeja de plata para introducir datos falsos en expedientes en trámite, según el procesamiento que este miércoles le dictó el juez federal Alejo Ramos Padilla por el delito de asociación ilícita, entre otros delitos, en la causa que investiga supuestas maniobras de espionaje y extorsión que habrían afectado a unas 60 personas.

En su resolución, el magistrado aclaró que no dicta la prisión preventiva a Stornelli porque posee inmunidad en función de su condición de funcionario judicial. Sin embargo, Ramos Padilla reconoció que la libertad del fiscal conlleva «riesgos procesales», dado que estuvo siete meses «en rebeldía», sin presentarse a declarar en la causa, a pesar de que fue llamado en seis oportunidades.

«Próximo a que se resolviera su situación en el marco de los procesos disciplinarios que se le iniciaron en la Procuración General de la Nación, se puso a derecho en estas actuaciones y finalmente prestó declaración indagatoria el 29 de noviembre pasado, meses después de que la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmara su rebeldía», aclaró el magistrado.

El juez describió que, de acuerdo con las pruebas recabadas, habría habido «más de 30 operaciones ilegales de inteligencia y más de 60 personas sobre las que se formularon distinta clase de operaciones o investigaciones ilegales».

Las maniobras de Stornelli

El juez consideró que Stornelli fue parte de las siguientes maniobras:

• D’Alessio armó carpetas que luego se presentaron como anónimas en la fiscalía de Stornelli en la causa de la compra de Gas Natural Licuado, que fue clave para meter presos a Julio De Vido y Roberto Baratta y luego se utilizó para armar la causa de las fotocopias de los cuadernos, que se la quedaron Claudio Bonadío y Stornelli con el argumento de que los cuadernos eran parte del expediente GNL. La causa empezó a naufragar después de una pericia fraudulenta del perito David Cohen, hoy procesado por falso testimonio agravado. En el momento del naufragio de Cohen, hicieron aparecer la documentación y D’Alessio en persona se ofreció «voluntariamente» a declarar. Es decir que el falso abogado no se presentó de manera espontánea como se afirmó en el acta labrada por Stornelli, sino que hubo un plan previo. 
• * La investigación ilegal al ex marido de la actual esposa de Stornelli. «El fiscal es quien pide y D’Alessio quien busca la información sobre Jorge Christian Castañon. Lo que incluyó la frase en un intercambio en el que D’Alessio le contestó a Stornelli: ‘vos decidís si lo corto en USA o acá’, es decir, plantarle droga en la valija». Se trata de la utilización de espionaje ilegal en un tema personal, sin que tenga ninguna relación con una causa judicial. 
• * Respecto del denunciante original de la causa, Pedro Etchebest, el juez detalló la forma en la que se hizo la extorsión. En forma pública, en entrevistas, D’Alessio creó el ambiente de que Etchebest estaba implicado en irregularidades en la compra de GNL y aportó a la «puesta en pánico» de Etchebest sugiriendo que iría a prisión. Ese clima es el que permitió luego la extorsión, alimentada por el encuentro entre Stornelli y D’Alessio en Pinamar, en plenas vacaciones del fiscal. La síntesis es que «se utilizó la estructura ilegal para crear la ilusión de un severo peligro de pérdida de la libertad y ofrecer los servicios ilegales para conjurar ese peligro». 
• * El armado de una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira. Stornelli niega que le haya encomendado esa tarea ilegal a D’Alessio, pero el juez transcribe un mensaje enviado el 28 de diciembre de 2018. El mensaje que le mandó D’Alessio a Stornelli dice lo siguiente: «yo llego el 6, le hago la cámara oculta y la presento en tu fiscalía por un tercero». La prueba parece lapidaria y se engancha con una operación que le estaban haciendo a Ubeira porque éste mantenía diálogo con el arrepentido Leonardo Fariña y había alguna chance de que Fariña cambiara su testimonio. Grabando a Ubeira querían demostrar que estaba intentando una especie de complot con Fariña. Como el supuesto complot no existió, no pudieron grabar la cámara oculta pedida por Stornelli.
• * El caso del espionaje ilegal en Montevideo y una supuesta organización terrorista. Stornelli escribió en un mensaje, «me interesa», pese a que D’Alessio le envió material ilegal, cámaras ocultas, tomadas a ciudadanos comunes del vecino país. El falso abogado le dijo a Stornelli que se trataba de una «embajada paralela de Irán en Uruguay» y que «Macri te va a premiar por esto». En verdad lo que buscaba D’Alessio era sacar de la cancha a dos o tres empresas que competían en el rubro petrolero sindicándolas como parte de un aparato terrorista de Irán. 
• * La coacción al ex gerente de la petrolera venezolana Pdvesa, Gonzalo Brusa Dovat. El juez procesa a Stornelli por este caso porque D’Alessio llevó, coaccionado, a Brusa Dovat a declarar a la fiscalía de Stornelli. La jugada fue tan grotesca que D’Alessio entró a las oficinas del fiscal sin ser siquiera abogado y hasta filmó parte de la declaración. Y el sentido del delito es que obligaron a Brusa Dovat a declarar en determinado sentido, poniéndolo en pánico porque de lo contrario terminaría preso en una causa armada en el fuero penal económico.

Una organización clandestina

«A partir de la prueba recolectada y fundamentalmente a partir de los registros hallados en el domicilio de Marcelo D’Alessio, se pudo desentrañar el funcionamiento de una organización criminal clandestina, compuesta por numerosas personas, que utilizó diversas herramientas del espionaje ilegal con fines políticos, económicos y judiciales», sostuvo el juez en su fallo.

Además, aseguró que los integrantes de esta presunta asociación ilícita «para concretar sus fines delictivos» tuvieron «a su disposición relaciones estratégicas, entre otros, con un importante miembro del Ministerio Público Fiscal de la Nación, como el aquí imputado Carlos Stornelli».

Ramos Padilla afirmó además que «a lo largo de más diez meses de pesquisa, se ha vinculado al proceso a más de una decena de personas, entre los que se encuentran ex agentes de inteligencia, ex comisarios, un fiscal provincial, un periodista (Daniel Santoro del diario Clarín)» y otros imputados que participaron de diversa manera en los distintos hechos ilícitos que llevaba adelante la organización».

«Las pruebas recogidas durante este sumario, y en particular aquellas halladas en los teléfonos y computadoras de Marcelo D’Alessio, indicaron que estábamos frente a más de 30 operaciones ilegales de inteligencia y a más de 60 personas sobre las que se formularon distinta clase de operaciones o investigaciones ilegales», remarcó el escrito y se afirmó que las operaciones detalladas en la causa «estuvieron vinculadas a la actividad del Poder Judicial o de los ministerios públicos fiscales».

En ese sentido, Ramos Padilla describió un mecanismo conocido como «bandeja de plata», término que se utiliza para describir «casos en los que la información que se genera o se reserva de manera ilegal por parte de agentes orgánicos o inorgánicos de inteligencia es traída al plano institucional mediante la complicidad de funcionarios».

En uno de los párrafos de su extenso fallo, el juez afirmó que «la utilización paralela de estos ‘servicios’ para el ‘éxito’ en causas judiciales y las relaciones estrechas y de mutua colaboración puede generar una afectación muy grave al Estado de Derecho».

«No es posible aceptar y tolerar los métodos que expone D’Alessio para conocer la denominada ‘ruta del dinero K’. No es posible permitir en un Estado de Derecho que se ‘ponga en emergencia’ a un testigo, a un denunciante o al abogado defensor de un imputado, haciéndole saber que de lo contrario va ser involucrado en una causa, realizando cámaras ocultas u operaciones de ‘ablande'», subrayó el magistrado.