| Investigación

Avanza la causa contra Michetti, Peña y Grecco por la publicidad oficial: piden copias de contratos y mails

El juez Martínez de Giorgi pidió información a la Jefatura de Gabinete.

La investigación por el manejo irregular de la publicidad oficial durante el gobierno anterior, cuando resultaron beneficiadas empresas cercanas al macrismo, avanzó hoy con el pedido de información que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi cursó a la Jefatura de Gabinete para dar con los contratos por los cuales se consumó la maniobra.

El juez pidió copias de cuatro contratos que fueron celebrados durante la gestión de Marcos Peña, uno de los ex funcionarios imputados en la causa, junto a la ex vicepresidenta Gabriela Michetti y el exsecretario de Medios Jorge Grecco, y en los cuales resultaron beneficiadas las empresas ligadas a las campañas políticas del macrismo.

En las oficinas de Santiago Cafiero aclararon que no se trató de un allanamiento sino un pedido de presentación que se dejó en la mesa de entradas para que se envíen las copias de los contratos firmados con las empresas de publicidad La Comunidad S.A., Power República S.A. y Aura Adversting S.A. 

Se trata de contrataciones que fueron realizadas en forma directa y la ampliación de un contrato con la última empresa mencionada.

Contrataciones directas

En el requerimiento de información también se piden copias de las actuaciones administrativas que se hayan realizado mediante la Unidad de Auditoría Interna de los pagos realizados a La Comunidad, Aura Adversting y otra compañía, Circus S.A, durante el 2019.

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También se piden los datos de movimientos de ingresos y egresos en las oficinas de la Jefatura de Gabinete de una serie de personas que están siendo investigadas y que se supone que estaban vinculadas con las empresas de publicidad que se beneficiaron con las contrataciones directas, sin licitaciones previas ni compulsas de precios como es una práctica habitual.

También se pidieron acceso a las casillas de mail de Peña, Grecco y de los ex funcionarios Ezequiel Colombo, Lucía Aranda, Arnoldo Minotti, Fernando Britos y María Tarsytano, quienes también habrían intervenido en los trámites investigados durante el periodo que va de 2016 y 2019.

“En el caso de que se obtenga esa información, se deberá resguardar especialmente aquella que se encuentre en el buzón de entrada y salida, enviados, borradores, spam, correo no deseado, cualquier tipo de carpeta. Inclusive, de resultar posible, se deberá recuperar la información que haya sido borrada de esos correos laborales. Para el caso de que se haya utilizado una plataforma de mensajería interna proporcionada por JGM, se deberá individualizar a los usuarios y resguardar la totalidad de intercambios de chat que se hubiesen hecho”, precisa el escrito.

Empresas amigas

Los contratos firmados son las pruebas requeridas por la Justicia para demostrar que se benefició a empresas que estaban ligadas al macrismo en las campañas políticas previas a la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada y en los correos se podrán encontrar las negociaciones que se llevaron adelante.

En su dictamen, el fiscal Jorge Di Lello sostuvo que los hechos denunciados demostrarían que durante el gobierno de Macri, y a través de la firma de un decreto por parte de Michetti, se desligó a la agencia de noticias Télam del manejo de la publicidad oficial y se traspasó esa gestión a la jefatura de Gabinete, donde se contrato, sin concurso alguno, a las empresas mencionadas para que produjeran material publicitario, una actividad que antes llevaba adelante la agencia oficial.

Los hechos denunciados “demostrarían la existencia de una estructura montada por funcionarios nacionales para favorecer a las empresas mencionadas, mediante la utilización de la figura del ´legítimo abono´ en contrataciones de forma habitual, eludiendo las normativas administrativas en la materia y dejando a la empresa estatal Télam sin una de sus labores esenciales como era la realización de campañas publicitarias oficiales”.

La denuncia fue realizada por Procuraduría especializada en investigar hechos de corrupción para que se investiguen supuestos hechos de “negociaciones incompatibles con la función pública, previstos en el artículo 265 del Código Penal, aunque no se descarta la posible concurrencia de otras figuras penales”.

Las empresas beneficiadas “serían las mismas que participaron en el desarrollo de las campañas publicitarias de la coalición política Cambiemos en el marco de la contienda electoral” que llevó a Macri a la presidencia y los contratos observados sumarían casi 300 millones de pesos.


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