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Atentado contra la AMIA: Porqué peligran las alertas rojas de los acusados iraníes

Los pedidos de captura finalizan en noviembre de este año. Hay que realizar nuevas gestiones ante Interpol para que puedan ser renovadas.

Hay ocho iraníes acusados por el atentado.

Hay cinco iraníes acusados por el atentado.

La famosas alertas rojas de los iraníes acusados por el atentado contra la sede la AMIA, que tantas discusiones generaron tras la firma del Pacto con Irán durante el gobierno de Cristina Kirchner, corren el riesgo de caer en el transcurso de este año, ya en plena administración de Cambiemos, si la Cancillería no realiza las gestiones necesarias ante Interpol para que sigan vigentes.

Así lo advirtieron los fiscales a cargo de la UFI AMIA Sabrina Namer, Roberto Salum y Leonardo Filippini, en el informe que presentaron para dar a conocer los avances y novedades en la causa durante el año último. Los tres se hicieron cargo del organismo tras la muerte de Alberto Nisman.

Namer, Salum y Filippini se reunieron con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, el exsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos María Foradori (luego reemplazado), y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para advertirles sobre la caducidad de los pedidos de captura durante el año en curso.

El 7 de noviembre de 2007, Interpol ordenó la inscripción “en carácter de notificación roja de las capturas libradas contra los ciudadanos iraníes Alí Fallahijan, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari y el nacional libanés Imad Fayez Moughnieh y más tarde, se agregó una notificación adicional contra a Samuel Salman El Reda, supuestamente de nacionalidad colombiana”.

Pero las alertas rojas no son eternas. “El Jefe de la División de Asuntos Internacionales del Departamento de Interpol de la PFA informó el vencimiento de las notificaciones rojas oportunamente publicadas se produciría conforme el cronograma que sigue: el 7 de noviembre de 2017 para Ahmad Vahidi, Alí Fallahijan, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari y Mohsen Rezai y el 27 de agosto de 2019 para Samuel Salman El Reda”, sostiene el informe.

Las capturas habían sido solicitadas inicialmente por Nisman  y ordenadas por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Pese a que las órdenes están vigentes, los acusados nunca fueron detenidos y mucho menos extraditados para ser interrogados por la Justicia argentina en relación con el ataque contra la sede de la AMIA. La firma del frustrado Memorándum preveía tomarles declaración en Teherán.

Después de que el gobierno de Cristina Kirchner firmó el Memorándum con Irán, Nisman la acusó de haber firmado el pacto para que las alertas rojas quedaran sin efecto. Pese a que el Memo fue aprobado por el Congreso, la Justicia lo declaró inconstitucional y en consecuencia el pacto nunca tuvo vigencia.

Las capturas siguieron firmes, pero vencen a fin de este año. En la reunión con Garavano, “los fiscales destacaron la necesidad de un trabajo profesional y coordinado de cara a la renovación de las alertas que, según informó Interpol, debe concretarse en noviembre de 2017 y solicitaron la colaboración del Ministerio con algunas medidas que requieren la cooperación penal de los Estados Unidos de Norteamérica”.

En la reunión con Foradori, quien luego fue desplazado de su cargo por la canciller Susana Malcorra, los fiscales le pidieron que el Gobierno argentino “comunique de modo eficaz a Interpol que el memorándum con Irán y su ley aprobatoria fueron declarados inconstitucionales por una decisión que adquirió firmeza judicial”, para que se despejen eventuales dudas al respecto.

Los fiscales se quejaron en su informe la poca colaboración de la canciller Malcorra, a quien se le había solicitado que requiriera colaboración al gobierno de El Líbano, sobre la presencia en ese país de algunos de los acusados. Malcorra estuvo en El Líbano en mayo de 2016, pero no hizo ningún pedido de colaboración. Los fiscales recordaron que los acusados por la Argentina pueden visitar otros países, pero eso no significa que vayan a ser detenidos en forma inmediata. En ese sentido, “se requirió a la Cancillería que indague acerca de la posible visita de algunos de los imputados a países como Rusia, El Líbano, Azerbaiyán y Siria”.


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