| Investigación

Amplían la acusación contra Macri por el endeudamiento con el Fondo

El fiscal Picardi amplió el requerimiento de la investigación.

El fiscal federal Franco Picardi amplió el pedido para que se investigue si el expresidente Mauricio Macri y otros funcionarios de su Gobierno incurrieron en un fraude en contra de las arcas del Estado cuando promovieron el endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Picardi presentó hoy su dictamen en un expediente al que digo impulsó el año último y al que se sumó la denuncia del titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous.

La denuncia dice que a través de la violación de una serie de normas el Gobierno de Macri contrajo una millonaria deuda con el FMI cuyo monto, además, era idéntico al de la cifra en dólares que se fugó en el mismo período de tiempo.

El fiscal le dio impulso a la investigación al presentar ante la jueza María Eugenia Capuchetti una ampliación del requerimiento de instrucción que tiene como sospechosos al expresidente Macri, a sus exministros Nicolás Dujovne (Hacienda), Luis Caputo (Finanzas y a los extitulares del Banco Central Adolfo Struzenegger y Guido Sandleris.

Ganancias extraordinarias

La denuncia sostiene que se desplegó una política económica, monetaria y financiera que permitió “generar ganancias extraordinarias mediante la colocación de letras en moneda nacional, de corto vencimiento, que pagaban una elevadísima tasa de interés”.

Esto, indicó, “atrajo cuantiosas inversiones especulativas de residentes y no residentes, que vendían la divisa norteamericana en la plaza local para hacerse de pesos para acceder a dichos títulos y así obtener ganancias con el diferencial de la tasa”.

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Se resaltó que ya a principios de 2018, y como consecuencia del sobreendeudamiento -el mayor en los mercados internacionales desde 2016-, Argentina “perdió el financiamiento internacional privado en dólares, a la par que los inversores especulativos desarmaron sus posiciones en letras en pesos y dolarizaron sus tenencias para asegurar sus ganancias ante la debacle, mediante la formación de activos externos”.

De esa forma, se estableció en la denuncia “que sin acceso a crédito internacional y en virtual default, el proceso diagramado y ejecutado por los imputados lejos de detenerse se aceleró”.

Tiempo record

Como consecuencia, continúo, se “incrementó en modo tal la demanda de divisas que para sostener el mecanismo diseñado se solicitó un préstamo al FMI, organismo con el cual nuestro país se había desendeudado pocos años atrás´”, según relató el fiscal Picardi en su requerimiento de 49 páginas.

Fue en ese momento que, según la denuncia que incluyó informes del Banco Central y la Sindicatura General de la Nación (Sigen), “en tiempo récord, el 20 de junio de 2018 el FMI aprobó un nuevo empréstito, que fue destinado a solventar la formación de activos externos, en perjuicio del Estado Argentino y de todo el pueblo de la Nación, que con el endeudamiento subvencionó las ganancias de los especuladores”.

Conforme surge del informe del BCRA, del total del préstamo con el FMI se desembolsaron USD 44,4 millones, fondos estos que, junto a las reservas internacionales, “abastecieron una fuga de capitales del sector privado que alcanzó los USD 45,1 mil millones, una salida de capitales especulativos por USD 11,5 mil millones y los servicios de la deuda (pública y privada) por uSD 36,9 mil millones”.

Otros sospechosos

En la misma denuncia, el actual titular de la OA pidió que se investigara a las anteriores autoridades de ese organismo de control –encabezado por la exdiputada Laura Alonso durante el gobierno de Macri- y las de la Unidad de Información Financiera (UIF) por no haber investigado las denuncias que les fueron presentadas oportunamente mientras ocurrían los hechos.

Hace 10 días se presentó en este expediente la Procuración del Tesoro de la Nación para solicitar ser querellante y resaltó que “existen elementos de juicio que fundadamente permiten atribuir a los funcionarios del gobierno argentino responsable de las operaciones celebradas con el FMI el incumplimiento de múltiples normas de orden público de naturaleza constitucional y administrativa”.


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