Hay ocho iraníes acusados por el atentado.

Por Javier Sinay

Mientras la AMIA presenta una propuesta para que el nombre del Once –el barrio donde se encontraba el edificio de Pasteur 633 que cayó con el atentado del 18 de julio de 1994– cambie al de Dieciocho, el acto central del día de mañana está en marcha: se cumplirán, a las 9:53 de la mañana, veinte años de la explosión que dejó 85 muertos y 300 heridos, y que todavía no halla culpables.

Autoridades de la AMIA y de la DAIA se darán cita mañana a las 9:53 en la calle Pasteur, donde hoy se alza la torre de concreto sólido de la mutual israelita. Por su parte, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no participará de la conmemoración (como sí ha hecho en otras ocasiones) porque las organizaciones de la comunidad judía mantienen su rechazo al memorándum que el gobierno nacional firmó con Irán para avanzar en el esclarecimiento del atentado.

“El canciller Héctor Timerman reconoció que este memorándum ha fracasado: no ha sido ningún avance para el esclarecimiento del atentado. Y más bien parece que el gobierno está buscando un punto final para la investigación”, dice Laura Ginsberg, pareja de José Enrique Ginsberg –fallecido en el atentado– y referente de APEMIA, la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, que nuclea a algunos de los familiares de las víctimas y que propone un acto a las seis de la tarde de mañana, frente al Congreso. “Fue el mismo gobierno el que dijo que firmaba este memorándum para satisfacer los reclamos de verdad y justicia, pero nosotros hace un año denunciábamos que no iba a haber ningún avance y ahora lo reafirmamos”.

Por el atentado, la Justicia argentina imputó a ocho iraníes, entre ellos el ex ministro de Defensa Ahmad Vahidi, el ex presidente Alí Rafsanjani (que gobernó entre 1989 y 1997) y el ex consejero cultural iraní en Argentina, Moshen Rabbani. Luego, sin detenidos y con la causa estancada desde 2006, el gobierno impulsó la firma del memorándum para acordar la formación de una comisión investigadora, integrada por expertos de otros países. En 2004, una decena de policías acusados de dar apoyo logístico para perpetrar el atentado, fueron absueltos en un juicio que terminó con la exoneración del juez interviniente, Juan Galeano. Otro acusado, Carlos Telleldín, un informante de la policía vinculado a grupos de ultraderecha y recibido de abogado en la cárcel, también fue absuelto, pero volverá al banquillo por homicidio agravado, según resolvió Ariel Lijo, el actual juez de la causa AMIA. Además, desde marzo de 2012, se espera la fecha de un juicio contra el ex presidente Carlos Menem, acusado de encubrimiento agravado.

Por otro lado, Marcos Grabivker, presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y vicepresidente de la Asociación Internacional de Abogados y Juristas Judíos, propuso que los ocho iraníes sospechados de ser los autores del ataque sean sometidos a un juicio en ausencia en la Argentina. “El memorándum de entendimiento pudo estar inspirado en los mejores deseos, pero no aportó una solución; de hecho, se declaró su inconstitucionalidad”, dijo. “Una persona acusada tiene derecho a un debido proceso, a tener una defensa, a ser oído y no ser coaccionado para autoincriminarse y a tener asistencia técnica, pero si no quiere estar presente en el juicio, creo que hay que empezar a ver la cuestión desde otro punto de vista”.

“El balance para los familiares después de veinte años es totalmente negativo”, considera, por su parte, Diana Malamud, dirigente de Memoria Activa, otra de las agrupaciones de familiares, que celebrará su propio acto conmemorativo mañana a las nueve y media de la mañana en la plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, como ya ha hecho sin pausa durante varios meses en estos años. “A dos décadas, no terminamos de saber quién puso la bomba, cómo la puso y por qué fue encubierto. Lo único que tenemos es una causa por encubrimiento: esto parece el mundo del revés”.

“El gobierno implementa estas medidas para evadir lo que nosotros venimos denunciando hace muchos años: la responsabilidad del Estado argentino en el encubrimiento”, explica Ginsberg. “Después de veinte años, hemos llegado al punto final: el Estado y su Poder Judicial han fracasado en cualquier intento creíble de aportar a la verdad. Por eso queremos que se conforme una comisión bajo el modelo de la CoNaDeP y que, con todas las pruebas existentes, los testimonios y los archivos que el gobierno debe abrir, se pueda formular una acusación contra los responsables del encubrimiento”.

En cambio, desde Memoria Activa, Diana Malamud se muestra poco esperanzada de que se conozca la verdad. “Sólo tengo una mínima esperanza de que algún día aparezca un arrepentido y hable”, se lamenta.