Fabián Gorosito fue asesinado en 2010.

Un testigo clave del juicio que se le sigue a un grupo de policías de la bonaerense por la muerte del joven Fabián Gorosito, ocurrido en 2010, fue golpeado y amenazado en su domicilio por cuatro hombre armados, cuando la custodia que le había sido asignada llamativamente no se encontraba en el domicilio.

Según denunció la Comisión Provincial por la Memoria, «esta madrugada cuatro hombres armados y encapuchados ingresaron violentamente en el domicilio de Daniel Mancini, lo golpearon y amenazaron. Mancini es víctima y un testigo clave en el juicio por el asesinato de Fabián Gorosito ocurrido en 2010».

El organismo recordó que dos días antes del secuestro, tortura y asesinato de Gorosito, Mancini fue secuestrado y torturado en la misma comisaría de Merlo por los 11 policías que ahora están imputados en el juicio oral que se está llevando adelante.

Lo más llamativo, o no tanto si se consideran los antecedentes de la Policía Bonaerense, es que pese a las reiteradas amenazas y hechos previos, es que las custodias designadas no estaban en el domicilio de la víctima. «La Comisión Provincial por la Memoria repudia este brutal ataque y exige una investigación urgente y la debida protección para el resto de las víctimas y testigos»,dijo el organismo.

La Comisión recordó que en agosto comenzó el segundo juicio por el asesinato de Fabián Gorosito. El primero fue anulado por el Tribunal de Casación Penal bonaerense que porque consideró que había estado plagado de irregularidades.

En este juicio, en el que hay 11 policías imputados, se ventilan dos hechos consecutivos que sucedieron en la comisaría 6a. de de Mariano Acosta, en el partido de Merlo: el primero es el secuestro seguido de torturas de tres jóvenes (uno de ellos Daniel Mancini) y el segundo el secuestro, torturas y asesinato de Fabián Gorosito.

Desde el inicio de este segundo juicio la Comisión por la Memoria (CPM), que participa como veedora, viene denunciando las reiteradas amenazas que sufren las víctimas, abogados, testigos y familiares. Por esta situación se presentó a principio de este mes un habeas corpus preventivo ante el juzgado de garantías N 6 de Morón.

Esta presentación fue rechazada recientemente sin siquiera escuchar a las víctimas, motivo por el cual será apelada.Esta madrugada, la escalada de amenazas y hostigamiento alcanzó su punto más violento. Cuatro personas encapuchadas que se desplazaban en una camioneta Duster oscura con vidrios polarizados llegaron al barrio de Merlo donde vive Daniel Mancini tirando disparos al aire.

Luego de ingresar a su casa, lo amenazaron y golpearon con culatazos de armas provocándole graves y profundos cortes. Todo esto sucedió a la vista de familiares y vecinos del barrio que se encontraban en la calle. Producto de las lesiones, Mancini se encuentra hospitalizado en observación.

Un rato antes, la misma camioneta fue vista merodeando la vivienda de Maria Viera, mamá de Gorosito. Sospechosamente, las custodias no se encontraban presentes en el domicilio de María Viera ni en el de Mancini. Los rondines comprometidos en el lugar tampoco se efectuaron desde varias horas antes. Ante la denuncia del hecho intervino la Fiscalía N 4 de Morón a cargo de Valeria Curtade.

El testimonio de Mancini, sostenido en los diferentes juicios que se sucedieron desde el 2013, es clave en la imputación por secuestro y torturas a estos 11 policías. En el 2010, Mancini fue secuestrado junto a su hermano y un amigo mientras compraban cerveza en un kiosco en Merlo. Luego fueron trasladados a la Comisaría 6 de Mariano Acosta y torturados. Esto sucedió tres días antes del asesinato de Fabián Gorosito.

Lo sucedido anoche pone en evidencia lo que ya había denunciado la CPM: la falta de protección para víctimas, abogados, testigos y familiares, que resulta fundamental en un proceso de estas características donde los acusados – todos policías en funciones – tienen todavía la capacidad de seguir atacando, hostigando y amedrentando a sus víctimas.

Por todo esto resulta fundamental una inmediata investigación sobre lo sucedido y se condene a los responsables. Al mismo tiempo, la CPM exige a las autoridades provinciales y a la justicia que garantice la debida protección para las víctimas, testigos, abogados y familiares.

Estos hechos evidencian las graves falencias del Estado no sólo para erradicar la violencia policial y la tortura como prácticas sistemáticas de las fuerzas de seguridad sino también para el acompañamiento a las víctimas que deciden denunciar y avanzar en el esclarecimiento de los hechos y su condena, sostuvo la Comisión.

«Es inadmisible que testigos, víctimas y familiares continúen siendo revictimizados no sólo por la impunidad sino por la violencia que los perpetradores siguen ejerciendo contra ellos. Es urgente que se generen dispositivos eficaces para su protección», agregó el organismo.