Personal de la Policía Federal allanó el viernes la sede del Arzobispado de Bahía Blanca y secuestró documentación relacionada con la percepción del beneficio jubilatorio que se abonaba todos los meses a un apoderado del ex capellán militar Aldo Vara, incluso durante los meses en los que estuvo prófugo.

El procedimiento se concretó el viernes por la tarde por orden del juez Federal subrogante, Santiago Ulpiano Martínez, y a pedido del fiscal Antonio Castaño, quien en diez días insistió en dos oportunidades con esa medida judicial, en el marco de la causa en la que se investiga el financiamiento de Vara por parte del arzobispo local, Guillermo Garlatti, y del apoderado del cura imputado, Leopoldo Bochile. La Policía Federal se retiró del Arzobispado con documentación en cuatro sobres oficio de papel madera.

El primer pedido de allanamiento fue cursado por el representante del Ministerio Público en el requerimiento de instrucción pero Martínez lo rechazó y le remitió la causa a Castaño para que la instruyera. Como primera medida, el fiscal citó a declarar al administrador de la curia, Bruno Cucchetti.

Tras recibir el testimonio de Cucchetti, Castaño solicitó el jueves nuevamente el procedimiento en base a sus manifestaciones y requirió que se dispusiera «el allanamiento del Arzobispado, con el objeto de que se proceda al secuestro de documentación, legajos, antecedentes y toda otra actuación que se relacione con el cobro del Beneficio Jubilatorio del imputado Aldo Vara, como también aquélla documental que tenga referencia con comunicaciones o notificaciones efectuadas por Guillermo Garlatti a otras Jerarquías de la Iglesia católica, que hagan expresa referencia a Aldo Vara».

El delito que se les imputa al arzobispo bahiense y al apoderado de Vara está previsto en el artículo 277 del Código Penal de la Nación, que estipula penas de seis meses a tres años de prisión a quien, entre otras cosas, «ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta».

Vara fue arrestadi en Paraguay y aguarda su extradición a la Argentina. El ex capellán está imputado por su participación en secuestros, torturas y homicidios de los que resultaron víctimas un centenar de personas que pasaron durante la última dictadura cívico militar por los centros clandestinos de detención que funcionaron en la sede del Cuerpo V del Ejército, informó el sitio de la Procuración.