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Alberto y un grupo de gobernadores impulsan el juicio político a la Corte

El Presidente se reunió con 12 gobernadores para impulsar el enjuiciamiento.

El presidente Alberto Fernández y 12 gobernadores advirtieron que existe el peligro de avanzar hacia un «gobierno de los jueces».

Por eso acusaron a los integrantes de la Corte Suprema de «invadir arbitrariamente las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes» del Estado, afectando «seriamente la gobernabilidad y la estabilidad institucional».

En el documento que girarán a la Cámara de Diputados para impulsar el juicio político a los miembros de la Corte, el primer mandatario y los gobernadores pidieron que se disponga lo pertinente para impulsar la apertura del proceso contra los ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

El escrito de 36 páginas se difundió en Presidencia tras la reunión que el jefe de Estado celebró al mediodía con los gobernadores en la Casa Rosada.

División de poderes

El documento reivindica la división de poderes y advierte que «si se traspasan los límites» que debe haber «existirá un muy corto camino hacia el denominado ‘gobierno de los jueces’, violatorio del sistema de distribución de competencias y de contrapesos diseñado por los constituyentes».

En la nota que se envió a la presidenta de la Comisión de Juicio Político de la cámara baja, Ana Carolina Gaillard, piden a la «Honorable Cámara de Diputados de la Nación que, en cumplimiento de su rol acusador ante la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, disponga las medidas necesarias para llevar adelante el proceso de juicio político contra los magistrados mencionados por los motivos y hechos que se expondrán a continuación».

El oficialismo aseguró que pide investigar a los jueces del tribunal porque «en tiempos recientes hemos sido testigos de una inadmisible degradación del sistema institucional de nuestro país, que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes».

El pedido de enjuiciamiento recién se podrá tratar cuando el Gobierno envíe la convocatoria a sesiones extraordinarias, lo cual sucederá en los próximos días, adelantaron funcionarios del Ejecutivo.

Los pasos a seguir

Tras su habilitación, la comisión de Juicio Político deberá definir por mayoría simple la apertura del periodo a prueba, en la cual reunirá la documentación y citará a testigos para determinar si corresponde o no promover la acusación ante el Senado.

El oficialismo cuenta con los votos necesarios en la comisión.

En su presentación, el oficialismo afirmó que se plantea una situación «anómala en la que la cabeza de un Poder del Estado decide, arbitrariamente, invadir las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes de aquel, quebrantando así los pilares básicos en los que se asienta un sistema republicano de gobierno, en especial el principio de división de poderes».

Agregó que «dicha situación pone en riesgo el equilibrio republicano de nuestro Estado de Derecho, afectando seriamente la gobernabilidad y la estabilidad institucional que requieren los poderes del Estado para cumplimentar con las obligaciones que le son asignadas por la Constitución Nacional».

Ataques

Puntualizó que la Corte realizó «arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional, lo que implica que han quebrantado con las obligaciones constitucionales que tienen a su cargo, incurriendo en la causal de mal desempeño prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional».

Denunció además el «grave ataque que los mencionados magistrados han asestado al sistema federal de nuestro país, al dictar una arbitraria sentencia que pone en jaque la repartición federal de los recursos que integran el erario público nacional, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre éstas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

El escrito se refiere además a la difusión de los chats de Silvio Robles, estrecho colaborador de Rosatti, presidente de la Corte, con el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. Rossatti, dice, «oficia en la práctica como su vocero, su mano derecha y persona de su máxima confianza desde hace años».


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