Farrell, a la derecha, es impulsado por el oficialismo.

Por Javier Sinay.

“Estamos en contra de la designación de Martín Farrell (h) como juez de la ciudad de Buenos Aires: tiene cinco procesos en contra y creo que el macrismo debería tener un mayor respeto hacia los familiares de las víctimas de Beara”, dice la legisladora porteña Paula Oliveto Lago, de la Coalición Cívica. A pesar del rechazo de la oposición, el gobierno de Mauricio Macri sigue adelante con la postulación de Martín Farrell (h) como juez en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario.

Farrell (h) tiene un pasado polémico: en 2010 era titular de la Dirección de Habilitaciones del gobierno de la Ciudad, y se le imputa un acuerdo ilícito con los dueños del boliche Beara, cuyo entrepiso se desplomó cobrándose las vidas de las jóvenes Leticia Provedo y Ariana Lizarraga. El último 14 de mayo, Farrell (h) declaró por la posible comisión del delito doloso de incumplimiento de los deberes de funcionario público en el juzgado nacional de primera instancia en lo criminal de instrucción número 48, a cargo de Alicia Mercedes Iermini.

Además, se le siguen otros procesos, por abuso de autoridad: la causa número 45397/09 “FARRELL, MARTIN s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO”, en trámite ante el juzgado nacional de instrucción número 27, a cargo de Alberto Julio Baños, denunciado por la fiscalía de cámara número 1 en lo penal, contravencional y de faltas; la causa 46453/09, “FARREL, MARTÍN S/ ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO”, en trámite ante el juzgado nacional de primera instancia en lo correccional número 2, a cargo de Graciela Angulo de Quinn, denunciado por la fiscalía de cámara número 1 en lo penal, contravencional y de faltas; la causa 2030/10, “FARRELL, MARTÍN S/ ABUSO DE AUTORIODAD” en trámite ante el juzgado nacional de primera instancia en lo correccional número 2, a cargo de Graciela Angulo de Quinn, denunciado por Luis Cevasco, fiscal adjunto del fuero penal, contravencional y de faltas; y la causa 22972/10, en trámite ante el juzgado nacional de primera instancia en lo correccional número 9 a cargo de Ana Helena Díaz Cano, denunciado por Luis Cevasco, fiscal general adjunto del fuero penal, contravencional y de faltas.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denunció, además, que los concursos judiciales de la Ciudad organizados por el Consejo de la Magistratura están viciados. En cuanto al caso Farrell (h), esta entidad indicó –en una carta enviado a los sesenta miembros de la Legislatura porteña– que “pone de relieve las debilidades en materia de transparencia e igualdad que aquejan a los mecanismos de selección de jueces mediante concurso público en la Ciudad”.

“Vamos a pedir a los diputados que voten a favor, que justifiquen por qué lo están haciendo”, sigue la legisladora Oliveto Lago. En el mismo sentido, la Legislatura aprobó una sesión especial para discutir el pliego de Farrell (h). “Pero el PRO tiene mayoría y es posible que sea aprobado”, se lamenta Oliveto Lago.

Por su parte, la ONG La Alameda –que tiene en Gustavo Vera a su representante en la Legislatura porteña– presentó una impugnación a Farrell (h), firmada por el abogado penalista Mario Ganora y también por los familiares de las víctimas fatales de Beara. Los argumentos esgrimidos están basados en dos medidas judiciales: el artículo 57 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los “Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, 2002”, asentados por la Organización de las Naciones Unidas. “El art. 57 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prohíbe la designación para la función pública de personas procesadas por delitos contra la administración pública”, dice el texto. “Si bien el llamado a indagatoria no es aún el procesamiento, lo cierto es que la posibilidad de que ello ocurra es muy alta en atención al trámite de esa causa”.

“Farrell es parte de un entramado de corrupción que viene de hace tiempo en el gobierno de la Ciudad”, agrega Lucas Schaerer, de la ONG La Alameda. “Las habilitaciones han estado manchadas de corrupción durante varios años”. Por eso, también los familiares de las víctimas de Cromañón acompañan a los padres de las chicas fallecidas en Beara: el grupo encabezado por José Iglesias y Silvia Bignami los apoyó en 2010, cuando ocurrió la desgracia; ahora, la facción de Nilda Gómez está cerca de ellos.

“La designación de una persona para el cargo de juez sobre la que pesan imputaciones del tenor al que está sujeto el Dr. Martín Farrell en la causa de referencia constituye una burla a los principios enunciados”, sigue el texto presentado por la ONG y los padres de las dos chicas. “Principios que hacen a los requisitos mínimos que desde el punto de vista ético debe reunir la persona que se propone para desempeñar el cargo de magistrado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

El próximo capítulo de esta saga se verá el 25 de junio, cuando se dé la audiencia en la que se traten las objeciones. Ese día, en el Mundial, Argentina jugará contra Nigeria. Será su tercer partido y quizás signifique la clasificación hacia octavos de final y el nombramiento casi desapercibido, en medio de la fiesta del fútbol, de un nuevo juez de la Ciudad.