Con el caso Odebrecht como gran telón de fondo, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se reunirá este jueves en Buenos Aires con su par de Brasil, Rodrigo Janot, con quien firmará un convenio de cooperación entre los Ministerios Públicos de los dos países.
El acuerdo que firmarán Gils Carbó y Janot es un marco amplio, dicen en la Procuración, pero se espera que sirva para avanzar en la investigación de las cuatro causas que hay abiertas en la Argentina en la que se investiga el pago de sobornos de esa empresa para que le adjudiquen obras públicas.
La reunión entre los dos máximos fiscales de los dos países se producirá un día después del comienzo de la XXI Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur, que tiene prevista una agenda de encuentros para compartir experiencias, mientras que el viernes se llevará adelante la reunión global de fiscales generales y procuradores generales del Mercosur.
El foco más interesante desde lo político es la reunión entre Gils Carbó y Janot, ya que se espera que pueda servir para destrabar la información pedida a la Justicia de Brasil. El problema central es que los ejecutivos de Odebrecht en ese país firmaron acuerdos de delación premiada por los cuales se comprometieron a brindar información a cambio de una reducción en sus condenas, algo que no está previsto en la Argentina.
Los dos funcionarios son viejos conocidos. Ya hace tres años Gils Carbó viajó a Brasil donde fue recibida por Janot. Desde entonces se avanza en la creación de mecanismos de cooperación y fortalecimiento de los Ministerios Públicos.
Semanas atrás, un grupo de fiscales argentinos viajo a Brasil para comenzar a acordar con sus colegas de ese país el intercambio de información. Pero los fiscales volvieron sólo con promesas, por las restricciones que tienen los fiscales brasileños: no pueden involucrar a los ejecutivos de Odebrecht que firmaron los acuerdos.
“De todo modos, se espera que pueda venir información igual, aunque no involucre a los ejecutivos que tienen acuerdos firmados”, dijeron en la Procuración.
El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, propuso a sus colegas de Brasil la creación de una comisión conjunta de fiscales para avanzar en la causa del Lava Jato, dentro de la cual la firma Odebrecht tiene más peso en la Argentina.
Se espera que en la reunión entre Gils Carbó y Janot se pueda avanzar en esa línea, con las restricciones y dificultades previstas. El encuentro entre los fiscales del Mercosur, se produce mientras el Gobierno apunta contra la titular del Ministerio Público y la responsabiliza por los escasos avances en la causas, aunque se sabe que cada caso es responsabilidad de los fiscales y jueces que intervienen.
El caso más importante de Odebrecht que se investiga en la Argentina es el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, obra que le fue adjudicada en un consorcio integrado además por Iecsa, la compañía que era de entonces de Angelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri, que luego le vendió a Marcelo Mindlin, gran amigo del pimer mandatario.
El primo del presidente no es el único hombre cercano a Macri alcanzado por el escándalo Odebrecht. El jefe de los espías, Gustavo Arribas, fue involucrado por el cambista brasileño Leonardo Meirelles, quien dijo haberle hecho ocho giros por un total de 800 mil dólares, cuando declaró en videoconferencia ante el fiscal Rodríguez y Federico Delgado.
En forma paralela, el gobierno, a través del ministro de Justicia, Germán Garavano, buscó primero llegar a un acuerdo con la empresa y luego viajó a los Estados Unidos para obtener una copia del acuerdo firmado por la empresa con la Justicia de ese país. Después del viaje comenzaron a filtrarse nombres de ex funcionarios del kirchnerismo que habían recibido las coimas. Según Clarín, hay una lista de 42 nombres, entre los que aparecen ex funcionarios cercanos al ex ministro Julio De Vido.
El gobierno tiene interés en acceder de primera mano al contenidos de las causas. Por eso la Oficina Anticorrupción pidió ser tenida como parte querellante en todas las causa abiertas. Lo que los jueces deberán resolver es si se trata de un genuino interés de colaborar o de una política de reducción de daños.
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