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Rosenkrantz jugó un papel clave.
La Corte Suprema de Injusticia está en estado de ebullición. La discusión del fallo sobre el 2X1 está generando movimientos internos que comienzan a tener consecuencias. El primero es que ya varios jueces de instancias inferiores llamaron avisando lo esperable: que la ley que votó el Congreso es sensible de ser impugnada por cualquier parte afectada, con lo cual la cuestión no está cerrada.
Dos camaristas del fuero Contencioso avisaron que la ley no puede aplicarse retroactivamente, o sea, en todo caso la nueva norma rige hacia el futuro pero no toca a las causas que se iniciaron anteriormente. Habrá pedidos de amparos, algunos progresarán y la discusión llegará al cuarto piso de la calle Talcahuano.
Y allí obviamente una situación de encerrona para Elena Highton, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Los tres quedaron acorralados entre el clamor popular, tras la enorme marcha del miércoles, y la necesidad de evitar un papelón jurídico que los haga ir hacia atrás.
El problema de la ley del Congreso es que el tema 2X1 estará ahora permanentemente en la cotidianidad de la Corte cuando llegue desde instancias inferiores. Y en algún momento habrá que decidir sobre esa ley. ¿Los tres cambiarán el voto? ¿Highton se sumará a sus viejos colegas?
El fallo, ya se conoce por estas horas, se escribió en la vocalía de Rosenkrantz y la pluma fue de su letrado José Elías. Es el mismo que ayudó al ministro a manifestarse años atrás contra los fallos que anulaban las leyes de obediencia debida y punto final.
Su cuestionamiento apuntó a los fallos “Simón” y “Mazzeo”, determinantes para poner fin a la impunidad de centenares de represores, y en particular al uso del derecho internacional y las decisiones judiciales tomadas en el extranjero –como los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos– para fundar sentencias a nivel interno.
El artículo de Rosenkrantz, publicado en 2007 en la revista jurídica de la Universidad de Palermo, se titula “Advertencias a un internacionalista (o los problemas de Simón y Mazzeo)” y forma parte de un debate con el abogado Leonardo Filippini, profesor de esa casa de estudios. Filippini es en la actualidad uno de los fiscales que integran la UFI AMIA.
El magistrado manifestó entonces sus “reparos” a lo que llama “préstamos”, en referencia a la práctica judicial de usar el derecho internacional o del extranjero para sustentar sentencias a nivel interno. “Tomar prestado derecho o decisiones judiciales extranjeras es difícil de validar porque, sencillamente, son extranjeros”, escribió, e insistió en el “problema de validación” de los préstamos.
Al aplicar su razonamiento a los fallos Simón y Mazzeo, remarcó además que “doctrinarios internacionales importantes han sostenido que no existe una obligación internacional de castigar todo delito aberrante”.
“Ciertas amnistías pueden ser legítimas”, señala, y agrega que “los Estados no tienen una obligación de acusar penalmente y sancionar estos crímenes sino sólo una obligación de ‘responsabilizar’”, que puede honrarse sin imponer penas.
Rosenkrantz ya anticipaba este tipo de escritos y dejó al Gobierno en off side en un momento político de fuerte sensibilidad. Y hay otra certeza: ya quedó fuera de la carrera para ser el próximo presidente de la Corte, con lo cual Lorenzetti vuelve a tomar un poco de aire.
Rosenkrantz fue además el único que votó en todos los últimos fallos vinculados con los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que fueron considerados un retroceso por los abogados de los organismos.
