El obispo Garlatti tiene dos pedidos de indagatoria.

El fiscal General de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, reiteró la solicitud para que se convoque a prestar declaración indagatoria al arzobispo de esa ciudad, Guillermo José Garlatti, y al apoderado Leopoldo Bochile, «por haber ayudado (al cura) Aldo Omar Vara a sustraerse a la acción de la justicia».

En la causa, se investiga si el ex capellán del Ejército, acusado de crímenes de lesa humanidad y actualmente en proceso de extradición esde Paraguay, donde fue detenido, percibía -aún prófugo- un beneficio jubilatorio que pagaba el Arzobispado a a Bochile.

El importe mensual era alrededor de 2400 pesos, en concepto de un «subsidio por edad» para mayores de 68 años que paga la Conferencia Episcopal Argentina a través del Fondo de Solidaridad, «el sistema de seguridad previsional de los sacerdotes seculares de Argentina».

El fiscal señaló que «se encuentra probado en el expediente que Leopoldo Bochile fue designado por Aldo Omar Vara para el cobro del ‘subsidio FIDES’ desde el año 2001», tal como lo demuestra un «escrito de autorización secuestrado en la diligencia de allanamiento de la Curia», y remarcó que «luego de ser decretada la captura de Vara continuó percibiéndolo», según se desprende de «recibos suscriptos con su firma también incautados y testimonio de Bruno Alejandro Cucchetti», administrador de la curia bahiense.

El fiscal cursó el requerimiento al juez Federal subrogante Santiago Ulpiano Martínez un día después de recibir los testimonios de tres miembros de organizaciones de derechos humanos de la ciudad, que brindaron nuevos elementos.

Eduardo Hidalgo, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Rocío Galindo, de la Red por el Derecho a la Identidad; y Alejandra Verónica Santucho, de H.I.J.O.S., declararon que firmaron una carta dirigida a la Curia de Bahía Blanca «haciendo saber que Aldo Vara tenía orden de captura y que querían información para dar con su paradero», informó el fiscal Cantaro, quien también confirmó que la misiva firmada por los militantes fue hallada durante el allanamiento practicado en la Curia el 9 de mayo pasado.

«Explicaron en la declaración que mandaron otras cartas al Arzobispado de Buenos Aires e incluso al Nuncio Emil Paul Tscherrig para llegar al Papa Francisco, pero la única respuesta diciendo que no tenían información de dónde vivía Vara, sin mencionar que se le estaba pagando una suma de dinero a través de un apoderado, fue de Bahía Blanca», añadió el fiscal.

La presentación de Cantaro, que está subrogando al fiscal de instrucción Antonio Castaño -de licencia-, se da en el marco de la causa iniciada por una denuncia de los fiscales de la Unidad que interviene en los casos de crímenes durante el terrorismo de Estado en esa ciudad, José Nebbia y Miguel Palazzani.

Fuente: Fiscales.gob.ar