Farrell renunció al cargo tras el derrumbe en Beara.

Mientras por los calles aledañas a la Legislatura  transitaban los mitantes camioneros para el acto en la Plaza de Mayo, en uno de los salones del cuerpo legislativo legisladores de la oposición al Pro y familiares de víctimas se reunían este mediodía para expresar su rechazo a la designación del ex funcionario Martín Farrell como juez en lo contencioso administrativo de la justicia porteña.

Farrell era director de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control porteña, cuando ocurrió el derrumbe en el boliche Beara, donde murieron dos adolescentes y varias decenas resultaron heridas.

«Queremos denunciar públicamente que en 19 días los ciudadanos podemos correr el riesgo de tener nombrado un juez, cuya designación se realizó sin el trámite parlamentario correspondiente, es grave porque quienes tienen que tomar esa decisión son los legisladores», dijo Juan Lizarraga, padre de  Ariana Beatriz Lizarraga, una de las chicas muertas.

En tanto, Alicia Tagliaferro, mamá de otra de las víctimas, Leticia Paula Provedo, sostuvo que «lo que queremos es que se tome conciencia que que este juez que tiene que velar por los intereses de los ciudadanos no cumplió con sus obligaciones como funcionario pública».

«Si Farrell tuviera ética se hubiera bajado de esta designación», opinó Tagliaferro. Lizarraga contó que Farrell estuvo declarando hoy como imputado ante la jueza Alicia Iermini, por «homicidio culposo y cohecho» y advirtió que «una persona así no puede estar al frente de un juzgado».

«Farrell habilitó este boliche a pesar de que le recomendaron no habilitarlo por las múltiples clausuras y desvirtuación del rubro que poseía y si no lo hubiera hecho, nuestras hijas estarían vivas y no estaríamos aquí diciendo que este señor no cumplió con sus deberes de funcionario público», dice una carta firmada por familiares de las víctimas.

Asimismo, los padres de las víctimas de Beara sostuvieron en la carta que Farrell, cuyo cargo sería juez en lo Contencioso Administrativo, «está imputado en dicha causa y de la misma emergen pruebas que muestran cohecho y corrupción con los empresarios del boliche».

«A esto se suma el proceder del presidente de la Junta de Etica de la Legislatura, Jorge Garayalde, que en una reunión de pocos minutos, con la sola presencia de los diputados del PRO y sin esperar a los demás miembros presentó un cronograma que posibilita la designación de Diego Farrell», afimaron.

Estuvieron presentes los diputados opositores Jorge ´Quito´ Aragón, Pablo Ferreyra, Marcelo Ramal, José Cruz Campagnoli, Maximiliano Ferraro, Claudio Neira, Paula Penacca, María Rosa Muiños, Gabriela Alegre y Virginia González Gass. También los legisladores Gustavo Vera, María Rachid, Jorge Taiana, Claudio Palmeyro, Gabriel Fuks y Alejandro Bodart.