Farrell renunció al cargo tras el derrumbe en Beara.

Por Rafael Saralegui.

“Es una decisión de Mauricio y no hay más posibilidad de discusión”. Una fuente que transita los pasillos de la Legislatura porteña explicó así de dónde surge la iniciativa para nombrar como juez en lo contencioso administrativo de la ciudad a Martín Farrell, ex funcionario del gobierno porteño.

El cuestionamiento a su designación no surge justamente por su pasado como funcionario –es razonable preguntarse qué trámite tendrían las causas que pudieran caer en su juzgado y en las que estuviera involucrada la administración local.

Se lo cuestiona precisamente por los actos que llevó adelante cuando estuvo a cargo de la Dirección de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, de la que salió eyectado cuando se produjo el derrumbe en el boliche Beara, en 2010, donde murieron dos adolescente y una veintena resultaros heridas.

El ex funcionario tiene que declarar como imputado el miércoles 14 ante la jueza de instrucción Alicia Iermini luego de que el fiscal de la causa Andres Madrea, batallara durante cuatro años para llevar al ex funcionario porteño a prestar declaración indagatoria por haber habilitado al boliche Beara para que funcionara como lugar donde se podían realizar fiestas privadas.

«Se le imputa a Martín Farrell el haber incumplido los deberes a su cargo al expedir habilitación para el rubro ‘Casa Para Fiestas Privadas’ respecto de un local que no reunía las condiciones que la norma exigía», dice la acusación fiscal. Y agrega: «Se le reprocha el haber celebrado, por sí o a través de interpósita persona, un acuerdo espurio con los integrantes de dicha sociedad, quienes en su carácter de requirentes de la mentada habilitación extendieron, por sí o a través de terceras personas, sumas de dinero, en contraprestación de la cuales el imputado habría condicionado la realización de los actos tendientes al cumplimiento de las obligaciones descriptas precedentemente y que, en tanto Director de General de Habilitaciones y Permisos, le eran exigibles.»

El cuestionamiento a la designación de Farrell surge de los familiares de las víctimas fallecidas y heridas en Beara y de los bloques de la oposición al Pro en la Legislatura porteña. A la misma hora en que que Farrell tenga que declarar ante la jueza Iermini, familiares y legisladores darán una conferencia de prensa en el Salón Jauretche del Palacio legislativo.

Familiares de las víctimas cuestionan la designación.

El Ejecutivo porteño envió el pliego de Farrell a la Legislatura el 1° de abril y si no es rechazado en los 60 días que transcurren desde esa fecha, su nombramiento se hará efectivo, debido a una clásula vigente en la Constitución de la ciudad, que establece que si los pliegos no se tratan en el recinto en ese lapso se considera aprobado.

El impulso para el nombramiento del Farrell viene “de la carpa chica” que rodea al jefe de Gobierno porteño, indica la fuente consultada por CyR. Es que la propuesta tampoco les hace mucha gracia a los legisladores del oficialismo. Sin embargo, el trámite cuenta con el interés y el respaldo del propio Macri, por lo que no queda mucho espacio para el pataleo.

Luego de la declaración indagatoria, la jueza tiene un plazo de diez días para resolver la situación procesal, con lo que podría darse la curiosa situación de que Farrell sea nombrado juez de la ciudad casi en forma simultánea a que sea notificado de su procesamiento.