| Por el Operativo Independencia en Tucumán

Dos fiscales piden indagar a Isabel Martínez de Perón

El Ministerio Público quiere indagar a la ex presidenta por su responsabilidad por las operaciones militares que se desarrollaron en Tucumán, antes del golpes de Estado.

María Estela Martínez de Perón firmó el decreto que autorizó la represión.

María Estela Martínez de Perón firmó el decreto que autorizó la represión.

Los fiscales que intervienen en casos de terrorismo de Estado en Tucumán, Pablo Camuña y Patricio Rovira, recurrieron ante la Cámara de Casación Penal la resolución de la Cámara Federal de esa ciudad que convalidó la negativa a llamar a declaración indagatoria a la ex presidenta de la Nación, María Estela Martínez, acusada de crímenes de lesa humanidad en el marco del Operativo Independencia. En la causa se investigan los delitos de asociación ilícita, violaciones de domicilio, privaciones ilegales de libertad con apremios ilegales, vejaciones y torturas agravadas, violaciones, abusos sexuales y homicidios calificados en perjuicio de 270 víctimas. Los hechos fueron perpetrados durante la ejecución del denominado Operativo Independencia, antes de la dictadura militar. En el recurso, los fiscales señalaron ante el máximo tribunal penal que la decisión de los camaristas tucumanos de confirmar la negativa al llamado indagatoria veda toda posibilidad de continuar con la investigación sobre la ex mandataria, porque representa un sobreseimiento de hecho. “La decisión de impedir el ejercicio de la acción penal pública negando el acto más incipiente del proceso [la indagatoria] implica el sobreseimiento ficto de la encartada Martínez de Perón cuya sujeción al proceso en el futuro deviene de imposible realización por tal acto jurisdiccional”, subrayaron Camuña y Rovira ante la Cámara de Casación. Tanto el juez federal de instrucción, Daniel Bejas, como la Cámara Federal coincidieron en el criterio de que los militares no habían contado con la “aquiescencia” -una condición para evaluar la responsabilidad- del gobierno de Martínez y que el Operativo Independencia fue una fase del plan de las Fuerzas Armadas para derrocar a la jefa de Estado. “De haber existido tal situación no hubiera sido necesaria la toma de poder a través del golpe militar del 24 de marzo de 1976, ello sin perjuicio de adhesiones y colaboraciones de algunos sectores de la sociedad civil y política, que compartían los intereses y objetivos que signaban el accionar militar”, indicó Bejas y coincidieron los camaristas Marina Cossio, Graciela Fernández Vecino y Ernesto Clemente Wayar para negar el llamado a indagatoria. El juez de instrucción y el tribunal de alzada además cuestionaron a la Fiscalía por no haber imputado, con el mismo criterio, a otros funcionarios de gobierno. Camuña y Rovira replicaron en el recurso de casación que “la firma del decreto presidencial N° 261/75 resulta crucial para el desarrollo del plan militar”. Aquél decreto es el conocido históricamente como el del “aniquilamiento” por contener esa expresión en la orden a las FF.AA. para avanzar en aspectos de seguridad interna y comenzar con el operativo. “El hecho imputado resulta ser no sólo la firma de tal decreto que da comienzo formal al ‘Operativo Independencia’, sino sobre todo la falta de control posterior sobre el desarrollo de las operaciones militares, es decir, la defraudación del rol de garante que la encartada debía cumplir conforme su cargo y función a la cabeza de la estructura del estado nacional, impidiendo hechos delictivos cometidos de manera masiva a partir de la presunta autorización implicada en el decreto 261/75, así como el conocimiento de los hechos delictivos que efectivamente tuvo e ignoró de manera relevante”, señalaron los representantes del Ministerio Público. Para responder el reproche por no haber imputado en esta instancia a otros funcionarios del gobierno de Martínez, los fiscales indicaron que “el argumento es arbitrario y desconoce la complejidad de las causas por delitos de lesa humanidad en esta jurisdicción”. Con ello, hicieron alusión a la cantidad de imputados, de víctimas y de hechos a juzgar que integran los objetos procesales de este tipo de causas y que imponen al Ministerio Público la necesidad de diseñar estrategias de acusación para avanzar progresivamente en las pesquisas, informó el sitio Fiscales.