Por Rafael Saralegui

La inseguridad no se resuelve con más policías y leyes más duras. Parece obvio, pero hay muchas personas de a pie, dirigentes, funcionarios, políticos que aún no lo entienden. El anuncio del gobernador Scioli de convocar a policías y agentes penitenciarios retirados para reforzar el patrullaje en las calles bonaerenses se inscribe en esa lógica. El mandatario también habló de crear fiscalías especializadas en el combate del narcotráfico, sancionar un régimen penal juvenil, comprar equipamientos para las fuerzas de seguridad y construir más cárceles. También dijo como al pasar que la delincuencia no se resuelve sin mayor inclusión. Scioli se planta en el centro de la escena para disputarles a Massa y a Macri el control de la discusión sobre cómo resolver los problemas de la delincuencia en los grandes centros urbanos. El jefe de Gobierno, como si todavía fuera el presidente de Boca, dijo en estos días que las turbas de vecinos enloquecidos que apalean a los ladrones son consecuencia de un Estado ausente. Habría que recordarle a Macri que uno de los pilares de su mandato fue la creación de la Policía Metropolitana. Sucede que la policía más nueva del país no ha salido en los diarios y noticieros por su eficacia en combatir el delito en Buenos Aires sino por matar a vecinos ocupas en el Parque Indoamericano o reprimir a trabajadores de la salud en el Hospital Borda. Y encima dice que para él es una tranquilidad que su hija viva fuera del país y de ese modo no debe preocuparse por su seguridad. Las cosas mucho no van a cambiar hasta que se entienda o se admita que uno de los problemas de la seguridad es la misma policía. Si la policía es la que regula el delito según un cuadro tarifario –tanto por kioscos de drogas, tanto por robar un camión, tanto por un cabaret, etc- que enriquece a los jerarcas, poco se puede esperar. Y no se trata de una cuestión meramente geográfica. No hace falta más que detenerse en los casos de Santa Fe o Córdoba, con jefes policiales acusados de estrechos contactos con los narcos, para entender que la cuestión no obedece a banderas políticas. Los gobernadores pueden ser peronistas o socialistas y el problema es el mismo sino se ahonda en la complejidad de la cuestión. Si la solución es convocar a más policías para que armen bandas de pibes chorros en su beneficio –el caso de Luciano Arruga es el más tremendo y evidente- o para que liberen zonas a los ladrones amigos que pagaron la tarifa, poco puede esperarse. Tampoco se puede esperar mucho si los medios dominantes meten miedo repitiendo los mismos hechos hora tras hora y luego se asustan cuando los copados vecinos de Palermo se copan con romper la humanidad a patadas de un ladrón que ya había sido reducido por el encargado de un edificio. Tampoco se podrá pensar en una solución a largo plazo si se siguen cargando las tintas sobre los jóvenes delincuentes. Una estadística reciente de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires mostró que los adolescentes que delinquen representan sólo el 2,9 por ciento de los delitos que ocurren en ese territorio. Tampoco es cuestión de negar que exista una delincuencia violenta que llega hasta lo más rastrero, como amasijar a jubilados para robarles sus pocos pesos. La solución es más compleja, pero posible: trabajar con seriedad en planes preventivos, controlar a las fuerzas de seguridad, terminar con las cajas negras, cortar los lazos entre políticos y punteros narcos, dejar de hacer la vista gorda y aplicar la ley. De todos modos, la respuesta definitiva llegará cuando la seguridad se anude con el crecimiento y la inclusión social. Es inaceptable que la salida individual de la exclusión sea un pasaporte a ninguna parte con una pistola calibre 22.