En el centro, Juliana y Daniel Awada.

Por Javier Sinay.

Eugenio Garzón 5611 y Pola 1995/1997 eran los domicilios donde funcionaban los talleres clandestinos en los que Daniel Awada –cuñado del jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri– y otros cinco empresarios textiles producían algunas de las prendas que luego vendían en sus locales. En esos talleres, donde “encerraban bajo llave a los costureros en piezas de extrema precariedad” (según un comunicado de la fundación La Alameda, presidida por el docente y legislador porteño de la coalición UNEN Gustavo Vera), se daba lo que hoy es, a los ojos de la Justicia, una “reducción a la servidumbre de costureros bolivianos con documentación irregular”.

Bajo esa carátula está imputado el familiar político del jefe de Gobierno de la Ciudad, en una causa instruída por la jueza María Dolores Fontbona de Pombo, titular del Juzgado de Instrucción número 45 en la que hizo lugar a un pedido del fiscal de primera instancia Andrés Madrea, que –según el comunicado de La Alameda– “realizó la investigación tras derivarse la causa desde el fuero federal donde habían radicado la denuncia en 2007, el gobierno de la Ciudad y la Defensoría del Pueblo porteña en conjunto con La Alameda”.

Además de Awada, los imputados son Patricia Norma Fraccione, vicepresidente de la sociedad Cheek S.A. (de la que el cuñado de Macri es presidente), cuyas marcas de fantasía son Como Quieras que te Quiera y Cheeky; Aníbal Marcelo Terra e Ingrid Georgina Kern Dornfeld, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la sociedad Kowsef S.A., cuya marca es Kosiuko; y Sergio Jaime Said y Victoria Papu de Said, presidente y vicepresidente de la sociedad Mazalosa S.A., cuya marca es Portsaid.

Estas empresas se proveían de dos talleres clandestinos sin habilitación del gobierno porteño, que estaban conectados entre sí mediante un boquete en la pared simulado por un placard. Allí, la división de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal encontró siete costureros en condiciones irregulares y ocho, en regulares. Según la fundación de Gustavo Vera, “vivían y trabajaban sin condiciones de higiene, seguridad y hasta desconocían cuánto era el monto de su salario. Ellos cobraban por prendas. Y hasta los menores trabajaban”.

“Los capataces del taller que fueron detenidos son Rocy Mari López Cisneros y Marco Antonio Cáceres Flores; ellos cooptaban a los costureros mediante las radios que montan los talleristas”, dicen desde La Alameda.

La investigación cruzó a varias fuerzas de seguridad. Gendarmería Nacional hizo fotografías y habló con los vecinos; y la División Defraudaciones y Estafas y la División Operaciones de la Policía Federal descubrieron en una camioneta del tallerista Cáceres Flores varias prendas de la marca Cheeky. “Las máquinas de los talleres, como las prendas, etiquetas, retazos, ovillos de hilos fueron secuestrados en los allanamientos”, dicen desde La Alameda. “Allí se detectó chapitas metálicas con el lema Kosiuko, y botones metálicos de Cheeky, y hasta hojas de membrete de Cheeky, Como Quieres que te Quiera en los que se observaba moldes de ropa dibujados y otros sin membrete, y hasta certificados de retención, órdenes de pago como recibos, bolsas de las firmas y una carpeta con el título ‘remitos de los cortes de Cheeky’”.

La marca de la familia Awada viene siendo denunciada ante la Justicia desde el año 2006 y la propia Juliana Awada –la mujer de Mauricio Macri– fue señalada por un costurero en marzo de 2010. Después de haber sido despedido, el trabajador dijo que en verano debían soportar temperaturas altas, sin ventilación, y que el baño estaba en pésimas condiciones. En 2007, el juez federal Guillermo Montenegro (hoy, ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) sobreseyó a Daniel Awada en una causa por explotación laboral. En cambio, el antecesor de Macri en la jefatura de gobierno porteño, Jorge Telerman, había denunciado a 35 marcas de ropa junto a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y a La Alameda.

La batalla entre La Alameda y Cheeky ya suma varios episodios. En julio de 2012, un costurero ingresó con una cámara oculta a un taller clandestino en la calle Hubac 5673 (del barrio de Mataderos) con cama adentro, donde trece personas eran sometidas a la servidumbre y el hacinamiento. En el taller donde fabricaban pantalones para niños, los obreros (bolivianos; varios en situación migratoria irregular) ganaban 1.800 pesos por mes y hacían una jornada de 7 a 22 horas. Los costureros estaban encerrados y contaban que para ir a hacer un mandado a la calle, debían dejar sus pertenencias como garantía de que no escaparían. Además, dormían en cuartos con cama cuchetas sobre las que también comían.