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¿Dónde está Luciano Arruga?

Por CELS

Hoy se cumple un nuevo aniversario de la desaparición de Luciano Arruga. Son cinco años que dejan como saldo el reconocimiento tardío por parte del Estado y la justicia de que se trata de un caso de desaparición forzada: a Luciano lo secuestró y lo desapareció la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Pero este quinto aniversario llega también con una causa sin indagados ni procesados y con dos fiscales y un juez bonaerenses con pedido de juicio político debido a su reprochable actuación durante los primeros años de la investigación.

La falta de gestos claros del gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y de sus funcionarios en relación con la desaparición de Luciano, es una expresión más de un gobierno que ha renunciado a controlar e investigar a la Policía Bonaerense. Los nombramientos de 2013 en el Ministerio de Seguridad provincial y los ascensos masivos otorgados a fin de año, quizás como parte de la capitulación política ante los levantamientos policiales de diciembre, demostraron que en la provincia de Buenos Aires se sigue profundizando la delegación de la seguridad en una policía con prácticas violentas y corruptas.

Esta autonomía funcional y política de la policía posibilita la continuidad del encubrimiento corporativo y garantiza la impunidad de los efectivos del Destacamento de Lomas del Mirador sospechados de haber participado en el secuestro y la desaparición de Luciano. Y lo que es quizás más grave, perpetúa un ejercicio degradado de la función policial que cotidianamente genera situaciones de abusos, hostigamiento y reclutamiento de jóvenes pobres. En casos extremos, estas rutinas violentas desembocan en la muerte de algunos de estos jóvenes o, como en el caso de Luciano, en su desaparición, cometida con la finalidad de encubrir las violencias anteriores.

El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas expresó su preocupación porque “estas desapariciones son realizadas aplicando métodos policiales violentos, haciendo un uso arbitrario de la detención y utilizando la desaparición como un método para encubrir los delitos cometidos y procurarse la impunidad” e instó al Estado argentino a implementar reformas institucionales en las policías para prevenir estas prácticas de hostigamiento y asegurar que los funcionarios responsables de estas violaciones sean debidamente investigados, enjuiciados y sancionados.

El tiempo perdido y el daño provocado a la investigación por las fiscales bonaerenses Roxana Castelli y Celia Cejas y por el juez Gustavo Banco no pueden ser reparados y estos funcionarios deberán rendir cuentas de sus acciones e inacciones. Sin embargo, con la justicia federal trabajando en la causa, ha llegado el momento de volver a enfocarse en lo primordial, en poder responder a la familia y a la sociedad la pregunta esencial: ¿Dónde está Luciano?


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