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La prisión preventiva arbitraria ensombrece a América

Por Javier Sinay.

Quince ONGs del continente presentaron un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el uso abusivo de la prisión preventiva en la región, en el marco de la audiencia temática celebrada en Washington en el 146º período de sesiones de ese organismo internacional. El informe, que lleva por título “Uso abusivo de la prisión preventiva en las Américas”, está firmado por Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Centro de Estudios Legales y  Sociales (CELS) e Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), por Argentina; Fundación Construir, por Bolivia; Rede Justiça Criminal (Associação pela Reforma Prisional, Conectas Instituto de Defesa do Direito de Defesa,  Instituto dos Defensores de Direitos Humanos, Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, Justicia Global, Núcleo de Estudos da Violência, Pastoral Carcerária y Sou da Paz), por Brasil; Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DEJUSTICIA), por Colombia; Fundación Paz Ciudadana, por Chile; Due Process of Law Foundation (DPLF) y Justice Iniciative (Open Society Foundation), por Estados Unidos; Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG), por Guatemala; Instituto de Justicia Procesal Penal, por México; Centro de Estudios para la Justicia y la Seguridad Ciudadana (CERJUSC), Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH) e Instituto de Defensa Legal (IDL), por Perú; e Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), por Uruguay.

La mitad de los detenidos en la provincia de Buenos Aires no tienen condena.

“De acuerdo a los principios del sistema interamericano de derechos humanos, los Estados deben garantizar la libertad personal como regla general, y la aplicación de la prisión preventiva debe ser excepcional”, dice el informe. “Sin embargo, en los países de la región se advierte un uso masivo e indiscriminado de la medida cautelar que explica, por lo general, el incremento sostenido de la población penitenciaria de las últimas décadas”.

Según el texto, un 52% de un total de 60 mil presos en la Argentina se encuentra con prisión preventiva y es, junto a Perú (que tiene en la misma situación al 58% de su población carcelaria) y a Bolivia (con una escandalosa cifra de 84%), uno de los países más problemáticos. Y parte de la situación de superpoblación carcelaria en la provincia de Buenos Aires se debe a la reciente modificación de las normas relativas a la prisión preventiva y excarcelación, que se tradujo en el aumento sostenido de la población.

En el caso de la Argentina, sigue el estudio, “ocurre con frecuencia que la interpretación del criterio de ‘arraigo’ -sea éste de domicilio, trabajo o asiento de familia- reposa sobre consideraciones clasistas o tradicionales. Ocurre por lo tanto que se  exige un título de propiedad, un contrato laboral o tener una familia en el sentido tradicional para poder acreditar el arraigo. Esto excluye a otros grupos de personas, frecuentemente a aquellos con menos recursos. No se percibe una intención de buscar entender el arraigo a la luz de las posibilidades concretas de cada caso, sino un uso de criterios uniformes para casos distintos”.

Durante el encuentro en Washington, el Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Rodrigo Escobar Gil, señaló que “el estudio está orientado a dar un aporte para resolver uno de los mas grandes problemas que tiene la región en materia penal y en materia penitenciaria, realmente el problema más grave que tiene la región es el uso abusivo, excesivo y arbitrario de la detención preventiva”.

“En la audiencia se puso de relieve la magnitud y el impacto del uso abusivo de la prisión preventiva tanto en la Argentina como en otros países de la región, se hizo especial hincapié en la forma en que dicho uso afecta a grupos y poblaciones vulnerables”, agrega Álvaro Herrero, Director Ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

Además, el documento alerta sobre algunas cuestiones puntuales. Señala que se mantienen altos índices de personas en prisión preventiva en el continente, que se promueven políticas para aumentar el uso de la medida cautelar con el fin de dar respuesta a las demandas sociales de seguridad, que existen tendencias preocupantes en materia de regulación normativa que incorporan factores conducentes al uso abusivo de la prisión preventiva, que la mayoría de los sistema judiciales y penitenciarios de la región no generan la información mínima requerida para poder realizar un adecuado monitoreo de los presos (y específicamente de los presos con prisión preventiva) y que la falta de independencia judicial es otro de los factores que explican los abusos.


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