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Oyarbide: en un sumario administrativo descubren una millonaria inversión en Coral Gable

El sumario administrativo puede poner en aprietos al juez.

El sumario administrativo puede poner en aprietos al juez.

Se está oscureciendo el panorama de Norberto Oyarbide en la causa por supuestas coimas que el mismo denunció y que se desarrollaban en su juzgado. El escándalo explotó hace un mes cuando dos financistas denunciaron que efectivos de la Policía federal les pedían dinero en nombre del secretario de Oyarbide – Carlos Leiva –  para frenar allanamientos que iban a tener lugar en su oficina céntrica. Los datos más espesos no vienen de la causa que ya instruye Luis Rodríguez, sino del sumario administrativo que se está escribiendo en la Cámara Federal.

Esta última carpeta tiene por protagonistas a los empleados de Oyarbide que ya sufren la denuncia de su jefe: una secretaria se fue despedida y a Leiva le retiraron la firma de todos los expedientes. El sumario es conducido por una secretaria de extrema confianza del juez Martín Irúrzun quién desprecia a Oyarbide y el estereotipo que él ha construido.

Este camarista ya sabe, entre otros detalles, de una curiosa inversión inmobiliaria que Oyarbide habría realizado en Estados Unidos, puntualmente en Coral Gable, zona residencial donde cada lote oscila entre los 50 y lo 90 mil dólares. A Irurzun esto le importa porque quien estaría supervisando la operación es el propio Leiva en coordinación con un financista argentino que vive desde hace años en Miami y que se llama Luis Alberto Gasparini.

En la Cámara ya visualizan  que Leiva es intocable para Oyarbide. Además de la conexión con Miami, están al tanto de que Leiva mantenía charlas a menudo un estudio jurídico ubicado en Ciudad de Panamá  llamado Llueca y Asociados desde el cual se habrían realizado giros e inversiones a pedido del juez, actividad más propia de un magnate de las finanzas que de un funcionario judicial.

A estos datos se suma la existencia de  actores en los pasillos de Comodoro Py que se han tomado como una misión oficial despachar a Oyarbide de su juzgado. Tal vez el más interesado sea el juez Ariel Lijo quien ve en esta situación de vulnerabilidad del magistrado una chance inmejorable de mojarle la oreja a ese rival que detesta que es Javier Fernández, operador judicial del Gobierno y cuya última proeza fue haber logrado que la Cámara en lo Contencioso Administrativo – donde firma su hermano Sergio – no repusiera a José María Campgnoli en el cargo de fiscal.

Campagnoli fue suspendido en sus funciones por un tribunal de enjuiciamiento impulsado por la jefa de los fiscales, Alejandro Gils Carbó, por las supuestas irregularidades que cometió en una causa en la que investigaba al empresario Lázaro Báez.

 


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