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La defensa de un condenado por el robo del siglo dice que la fiscalía plantó pruebas

García Bolster tiene permiso para salir a trabajar.

García Bolster tiene permiso para salir a trabajar.

Por Rodolfo Palacios.

No es amante de las cámaras como otros abogados penalistas. Tampoco es de los que embarran la cancha. El punto fuerte de Sergio Manuel Arenas es su obsesión por los detalles y las estrategias. Rata de biblioteca confeso y experto ajedrecista que trata de manejar los casos como si los expedientes fueran un tablero, Arenas tiene un objetivo: lograr la libertad de Sebastián García Bolster, el ingeniero condenado por ser uno de los supuestos miembros de la banda que el 13 de enero de 2006 robó un botín millonario del banco Río de Acassuso.

“A mi defendido le plantaron pruebas. No estuvo en el robo ni en la planificación. La causa fue falsificada”, denunció Arenas en diálogo con CyR. También reveló que recibió amenazas para que se apartara del caso.

“Contrariamente a lo que se da a conocer, mi defendido está ganando este juicio en lo que respecta al fondo de la cuestión, es decir al hecho que se le endilga. Desde el 6 de abril de 2010, cuando ingresé en la causa contratado por el imputado, rápidamente me di cuenta que las cosas no cerraban. Había testigos apretados, según declararon y consta en el expediente, y la prueba que se le achacaba a mi defendido no existía, es decir estaba plantada”.

-¿Por qué cree entonces que querrían perjudicar a García Bolster?

-Porque tenían que esclarecer el hecho. En esta causa gané las siguientes incidencias: una morigeración, su confirmación, dos beneficios de salidas laborales, otro fallo de Casación, un otorgamiento de derecho a estudiar, salidas transitorias, entre otras. “¡Arenas, nos querés cagar la vida!”, me gritó una vez alguien del juzgado. “¡Dejate de joder con esta causa, no te olvides que tenés que seguir trabajando toda tu vida acá!”, me dijeron otro día. Una y otra vez intentaron que me fuera de la causa.

-¿Por qué querrían apartarlo?

-Justamente porque los dejamos en evidencia. Ellos querían cerrar todo con un moño. Por suerte no tuve daños físicos. Pero si llamadas amenazantes. Además llegó a manos de Rubén de la Torre, uno de los acusados, un CD en el que hay escuchas comprometedoras contra uno de los fiscales, quien aparece hablando con Alicia Di Tullio, la esposa de De la Torre que delató a la banda. Todo lleva a pensar que fue una declaración armada. “Mirá Alicia, yo te voy a preguntar esto, vos vas a responder eso y yo voy a decir que conste en actas”, le dice el fiscal. Ella le responde: “Pero eso es trucho. Además a mí me apretó la Policía”. Luego le pregunta: “¿Con las joyas que hacemos? Me las tienen que dar porque me rompieron toda la casa”. El fiscal le dice: “Todo esto que contás de los aprietes no se lo digas al tribunal porque no lo quieren escuchar, no es lo que están esperando. En cuanto a las joyas decí que son tuyas. Si te creímos con una cosa, también te vamos a creer en la otra. Y si nadie las reconoce, vamos a pedir al tribunal que te las devuelva”.

-¿Según ese audio Di Tullio le pidió a los fiscales que desvincularan a uno de los ladrones?

-Es cierto. El fiscal le responde: “Alicia no te preocupes, a fulano ya lo sacamos del banco y le metemos una especie de encubrimiento. Por mucho tiempo voy a estar acá, nada va a cambiar”  Esto es aberrante. Y tampoco lo nombró a García Bolster ni lo conocía. El audio está en la Asesoría pericial de la Suprema Corte Bonaerense, que estimo no va a anular el juicio porque sería un escándalo mundial. Casación revocó el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Número 1 de San Isidro, y dijo que mi defendido no había estado presente en el escenario de los hechos, ni durante, ni después y que no se encontró en la ejecución del robo. Eso puede verse en la página 129 del punto 12 de la sentencia del 10 de julio de 2012. Se acusaba a mi defendido de tener la posesión de un teléfono con identidad apócrifa. Eso era falso. Antes de que sea corroborado por la justicia. El dato de la sospecha me lo dio un fiscal, ni más ni menos, a partir de su imprudencia.

-¿Qué imprudencia?

– Algunas cosas que dijo es mejor no decirlas ahora, pero a los gritos dijo que no encontraba el documento que supuestamente involucraba a mi defendido. Yo lo escuché porque estaba en el juzgado justo cuando él decía eso.  Encima descubrí que faltaban 40 carillas del expediente, casualmente donde el juez de Garantías explicaba por qué las armas supuestamente utilizadas en el atraco no eran aptas para el disparo. Llamé a todos mis colegas y les conté. Lo extraño es que la justicia dijo que mi defendido diseñó el túnel, cuando el túnel no fue lo que diseñó la banda, sino el dique. También hubo desprolijidad con los testigos, entre ellos uno que fue a declarar seis veces a la fiscalía, modificando su versión. Ahora el asunto está en la Suprema Corte.  Otro tema es que no le disminuyan la pena porque no tienen en cuenta los estudios que hizo estando en prisión. Es un disparate que pongan como excusa que le falta un sello a un título. Así las cosas, lo monitorean con un GPS y sale de su casa para trabajar en un taller.

-¿Cree que todo eso es adrede?

-No lo sé, tengo mis sospechas. El asunto con la Justicia de San Isidro da que hablar. Por ejemplo, el TOC 1 casualmente está integrado por el cuñado de uno de los fiscales investigadores que a su vez hoy es camarista de la sala que niega la libertad a mi defendido. Dejo en claro que no deseo poner en duda la moral de nadie. Y no digo que ese juez sea un corrupto o haya sido manipulado el sorteo.  Nada de eso. Debo ser prudente.  Pero lo que sí digo es que el Tribunal casi siempre fallo en contra de mi defendido. No aplicó el derecho en forma reiterada y la mayoría de sus resoluciones fueron modificadas por instancias superiores. Un permanente estado de arbitrariedad al cual yo enfrento.

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-En febrero se iniciarán las actuaciones que corresponden. Los supuestos delitos son Incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato. Sin poner en duda la honestidad y la labor profesional de nadie. No hay que olvidarse que uno de los jueces que firmaron la resolución tiene el mismo apellido de la juez de ejecución que mantuvo detenido a otro imputado, aunque por circunstancias diferentes y situaciones procesales también diferentes, respecto a las cuales no puedo emitir opinión. Y que un integrante de esa sala de Apelaciones justamente es un juez que fue fiscal en la causa y que investigó a mi cliente, aunque en el fallo no intervino, ni tampoco pongo en tela de juicio su honestidad. Pero sin embargo, a efectos de dilucidar si se trata de casualidades o causalidades, no soy yo precisamente quien lo debe decir, sino la autoridad que corresponde y es por eso que se va a abrir la investigación pertinente.

 

 

 


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